Con John Roberts en contra, la Corte Suprema permite a Trump continuar la construcción del salón de baile en la Casa Blanca

La Corte Suprema le permitió a Donald Trump continuar con la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. La decisión fue adoptada por una mayoría de 5-4 y representa una victoria para la Administración Trump, que había recurrido al máximo tribunal después de que tribunales inferiores ordenaran frenar la construcción sobre el nivel del suelo. No obstante, la Corte no se expidió sobre la legalidad del proyecto, sino que se limitó a suspender la orden de un tribunal inferior que había frenado las obras mientras continúa el litigio.

Si bien el fallo no llevó firma, John Roberts, presidente de la Corte Suprema, firmó una opinión disidente junto con los tres jueces progresistas: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Por lo tanto, esto indica que la mayoría estuvo compuesta por Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. 

En la opinión disidente, Roberts aseguró que la decisión "no es una victoria para la separación de poderes”. Roberts argumentó que, como el Congreso no ha aprobado expresamente los fondos para el proyecto, el presidente carece de la autoridad para llevar a cabo una obra de gran magnitud. 

"Es probable que esa asignación de un par de millones de dólares para el mantenimiento y las reparaciones ordinarias de la residencia ejecutiva no autorice al presidente a utilizar cientos de millones de dólares en donaciones privadas para demoler el Ala Este y construir un salón de baile en su lugar", añadió. 

El caso detrás del salón de baile de Trump 

La batalla judicial comenzó en diciembre de 2025, cuando el National Trust for Historic Preservation demandó a la Administración Trump por la demolición del Ala Este y el proyecto para reemplazarlo por un nuevo salón de baile. 

La organización sostuvo que el Gobierno federal había avanzado sin cumplir con los requisitos legales y, principalmente, que el presidente no podía transformar la propiedad federal de esa magnitud sin autorización del Congreso.

El 31 de marzo de este año, el juez Richard Leon ordenó frenar la construcción sobre el nivel del suelo, al considerar que ninguna ley otorgaba al presidente autoridad para avanzar unilateralmente con el proyecto.

Tras la apelación de la Administración Trump, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC confirmó el fallo de Leon, lo que dejó al Gobierno con la única opción de recurrir a la Corte Suprema. El máximo tribunal del país consideró invalido el argumento del National Trust for Historic Preservation, entendiendo que no alcanzaba para cumplir con el requisito judicial conocido como 'Standing', la legitimación que exige la Constitución para que una persona pueda llevar un caso ante un tribunal federal.

A nivel federal, el 'Standing' implica que el demandante debe haber sufrido un “daño real”. Es decir, debe demostrar que aquello que está cuestionando lo afecta directamente y no solo que está en desacuerdo con ello.

Según la mayoría, la organización no logró demostrar que alguno de sus integrantes sufriera un perjuicio concreto con la construcción del salón de baile. 

La decisión de la Corte no pone fin a la disputa entre la Administración Trump y el National Trust for Historic Preservation. El litigio continuará mientras se define el futuro del caso y, eventualmente, si la Corte Suprema acepta revisar la cuestión de fondo: si el Gobierno tenía autoridad legal para demoler el Ala Este y construir el salón de baile sin una autorización expresa del Congreso.

"Hoy no nos pronunciamos sobre la legalidad del proyecto del gobierno relativo al Ala Este. Solo concluimos que, con base en los argumentos que se nos han presentado, es probable que el Gobierno logre demostrar que el (National Trust for Historic Preservation) carece de legitimación según el Artículo III para impugnar el proyecto ante un tribunal federal y que los demás factores de suspensión favorecen la concesión de la medida cautelar", escribieron los jueces en la mayoría.