El ICE amplia la estrategia de expulsiones hacia terceros países con el traslado de más de 100 deportados a África

En un lapso de diez días, la administración Trump ejecutó el traslado de más de cien personas en situación migratoria irregular hacia ocho naciones del continente africano, extendiendo de forma operativa su programa de deportaciones hacia terceros países, según revelaron documentos internos del gobierno federal obtenidos y dados a conocer por CBS News.

La logística del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluyó tres vuelos de expulsión que trasladaron a hombres y mujeres hacia Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Ninguno de los deportados poseía la nacionalidad de las naciones receptoras. La nómina de personas trasladadas abarcó a ciudadanos procedentes de Afganistán, Cuba, Nicaragua, Irán, Nepal, Turquía y Venezuela, así como a detenidos de origen africano no pertenecientes a los países de destino.

El marco legal de las salidas y la respuesta del gobierno

Esta operativa responde al impulso de los acuerdos de terceros países, un mecanismo mediante el cual más de 30 naciones a nivel global han aceptado recibir a extranjeros expulsados desde territorio estadounidense.

Mientras que algunos países de la región solo aceptan a personas de su propio continente, otros como Eswatini, Liberia o la República Centroafricana han recibido a nacionales procedentes de América Latina, Europa y Asia.

Ante las consultas de CBS News sobre la aplicación de estas medidas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la legalidad del procedimiento y la responsabilidad de los propios involucrados en su destino final.

"Si un extranjero ilegal decide presentar una demanda ante un tribunal negándose a ir a su país de origen, estamos obligados por ley a encontrar una nación segura y protegida a la que pueda ir. Si un extranjero ilegal decide irse a casa, le daremos un vuelo gratuito de regreso y un cheque de 3.000 dólares", declaró el DHS en un comunicado oficial enviado al medio. "La elección es suya".

Entre los expulsados figuran individuos con antecedentes penales por delitos graves cometidos en suelo estadounidense, mientras que otros acumulaban órdenes de remoción por ingreso no autorizado o por no cumplir con los requisitos legales para permanecer en el país.

El alcance de las resoluciones en los tribunales de inmigración

El caso de un ciudadano afgano de 24 años identificado como Khalil ilustra el funcionamiento de esta normativa. Khalil ingresó de manera ilegal por la frontera sur en 2024 tras cruzar varios países de América Latina. 

En agosto de 2025, un juez de inmigración le concedió la protección denominada "retención de remoción" al considerar posibles riesgos en su país natal, aunque no se le otorgó asilo debido a regulaciones previas que descalifican a quienes no solicitaron protección en las naciones de tránsito.

Aunque dicha figura legal impedía al ICE enviarlo de regreso a Afganistán, el marco normativo actual no restringe la deportación hacia un tercer país receptor. Las autoridades federales han reforzado el uso de estos traslados para hacer cumplir las órdenes finales de remoción emitidas por los tribunales competentes.