Nuevo frente judicial contra Trump: una coalición de estados intenta bloquear su reforma de Medicaid

Una coalición de 25 estados y el Distrito de Columbia presentó este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impugnar una nueva norma federal que regula qué beneficiarios de Medicaid califican para quedar exentos de los próximos requisitos laborales por motivos de fragilidad médica. La demanda sostiene que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) excedieron su autoridad al emitir una norma final provisional que modifica la manera en que se determina cuáles son las personas que, de acuerdo con su fragilidad médica, pueden quedar exentas del nuevo requisito laboral de Medicaid.

Según lo presentado en la acción judicial, la cual fue presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, la regulación redujo de forma drástica las exclusiones del requisito laboral establecidas por el Congreso de los Estados Unidos para algunos de los beneficiarios más vulnerables de Medicaid, sin importar que el Congreso incluyera previamente diferentes tipos de protecciones para esas poblaciones cuando aprobó la legislación. De igual forma, la demanda sostiene que el nuevo criterio podría provocar que beneficiarios elegibles pierdan la cobertura de Medicaid o sean privados de ella por completo, y argumenta que la norma restringe quién puede obtener una exención por fragilidad médica y añade trámites innecesarios para conservar la cobertura.

Los estados argumentan que la norma de la Administración redefine, en la práctica, el concepto de fragilidad médica al vincularlo con la incapacidad de una persona para cumplir con el requisito laboral. Según la demanda, los funcionarios estatales llevaban meses coordinando con los CMS los planes de implementación y quedaron sorprendidos cuando la agencia introdujo una interpretación mucho más restrictiva que no figuraba en la legislación.

A principios de este mes, los CMS emitieron las directrices para ayudar a 42 estados y al Distrito de Columbia a implementar los requisitos laborales de Medicaid establecidos por la Ley One Big Beautiful Bill. Los legisladores republicanos y funcionarios de la Administración Trump han defendido esta política como una forma de reducir el despilfarro, el fraude y los abusos dentro del programa Medicaid.