Alito y Thomas alertan de que un movimiento de SCOTUS lleva a la Justicia a romper con el principio de que "la Constitución no hace distinciones de raza"

Los jueces de la Corte Suprema (SCOTUS) Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su disconformidad el lunes tras la decisión del alto tribunal de no revisar un caso polémico que, según ellos, obliga a los agentes de policía a aplicar reglas distintas según la raza de las personas.

El caso, conocido como U.S. v. Donte J. Carter, involucra a un hombre negro al que la policía detuvo en Washington DC. Durante la perquisición, los oficiales recuperaron una pistola calibre .40 presuntamente robada de un vehículo del FBI. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia anuló las condenas por posesión de arma y robo, argumentando que la detención fue ilegal porque no existía sospecha razonable desde el principio.

Alito rechaza el uso de estereotipos raciales en la policía

La Corte de Apelaciones consideró la raza de Carter como un factor clave y sostuvo que los negros son "especialmente desconfiados de la policía" y, por ello, menos propensos a terminar un encuentro con agentes, por temor a que no se respeten sus derechos constitucionales.

Alito y Thomas advirtieron que este enfoque es peligroso porque permite tratar a un individuo de manera diferente basándose en estadísticas o estereotipos raciales que "pretenden demostrar que los miembros del grupo racial o étnico al que pertenece son más propensos a actuar de cierta manera que los miembros de otros grupos".

Según Alito, "Aquí el trato especial ayudó al individuo; en otras situaciones no lo hará", señaló.

Los jueces defienden que la Constitución no distingue por raza

Los magistrados argumentaron que el fallo obliga a los policías a evaluar rápidamente la raza de las personas y a crear reglas especiales para ciertos grupos. Alito preguntó: "Si hay que hacer reglas especiales para las personas negras, ¿qué pasa con los latinos de piel oscura, otros latinos y miembros de otros grupos minoritarios?".

Ambos jueces recordaron que la Constitución es "ciega al color" y que, salvo excepciones muy limitadas, no permite al Gobierno tratar a las personas de manera distinta según su raza. Citaron precedentes importantes como Students for Fair Admissions v. Harvard y Shaw v. Reno, rechazando la idea de que se pueda asumir que todas las personas de un mismo grupo racial piensan o actúan de la misma forma.

Este caso reaviva el debate sobre hasta qué punto se puede incorporar el factor racial en procedimientos policiales y judiciales, y deja vigente un criterio que podría complicar el trabajo de las fuerzas del orden en el Distrito de Columbia.