Tras el fallo de la Corte Suprema, estos son los tres estatutos que le quedan a Trump para imponer aranceles

La Corte Suprema de Justicia anuló buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump. En un fallo por 6-3, el máximo tribunal del país dictaminó que el presidente no puede imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que es una facultad que le corresponde constitucionalmente al Congreso. Sin embargo, Trump todavía tiene tres caminos para seguir adelante con su política comercial insignia.

El fallo fue publicado en la mañana del viernes, con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo la opinión mayoritaria. A él se unieron los conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, así como también todos los jueces más progresistas: Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

La opinión disidente fue escrita por Brett Kavanaugh, a quien se unieron Clarence Thomas y Samuel Alito.

Hasta el fallo de la Corte Suprema, Trump se apoyaba en una diversidad de leyes para su política comercial, pero principalmente en IEEPA. De acuerdo con esta ley, los presidentes pueden tomar numerosas medidas económicas para hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tenga su origen total o sustancial fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país.

Bajo esta legislación, firmada por Jimmy Carter en 1977, estaba aproximadamente el 60% de los aranceles. El resto, que seguirá vigente, se concentra principalmente en tres estatutos que autorizan al presidente a imponer aranceles en ciertas circunstancias extraordinarias, sin necesidad de la aprobación del Congreso.

Por lo tanto, Trump deberá apoyarse en ellos para intentar que todos o la mayoría de los aranceles que dependían de IEEPA pasen a estar debajo del paraguas de la Ley de Comercio de 1974 o Ley de Expansión Comercial de 1962, que ya utiliza actualmente. En ambos casos, el Congreso sí le delegó su facultad comercial al presidente de los Estados Unidos.

Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974

Este estatuto autoriza al presidente a imponer aranceles para hacer valer los derechos de los Estados Unidos en virtud de acuerdos comerciales o para contrarrestar prácticas extranjeras consideradas desleales.

En concreto, el Poder Ejecutivo puede activarlo cuando un país extranjero viola acuerdos comerciales o incurre en prácticas consideradas “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”.

Ley de Comercio de 1974 fue en parte una respuesta del Congreso a lo que consideraron como una serie de excesos de la Administración Nixon, aunque actuó bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Por ejemplo, el presidente republicano suspendió el respaldo del dólar en oro e impuso un arancel del 10% sobre todas las importaciones.

Sección 232 del Trade Expansion Act de 1962

En este caso, la norma le permite al presidente imponer aranceles sobre las importaciones que amenacen la seguridad nacional.

En este caso, el procedimiento incluye una investigación del Departamento de Comercio. Si concluye que las importaciones afectan la capacidad industrial necesaria para la defensa o sectores estratégicos, el presidente puede imponer aranceles o cuotas.

El presidente Trump ya utilizó este estatuto durante su primer mandato, cuando impuso aranceles e inició investigaciones sobre el aluminio, acero, automóviles, uranio, titanio y transformadores.

En aquella oportunidad, el secretario de Comercio Wilbur Ross concluyó las investigaciones y le recomendó al Ejecutivo la imposición de aranceles sobre estos productos.

Este estatuto, al igual que el anterior, es utilizado actualmente por el presidente para imponer aranceles. Entre ambos, recaudaron casi 70.000 millones de dólares en el año fiscal 2025.

Sección 122 del Trade Act de 1974

Este último estatuto fue mencionado por el propio Trump como una posibilidad tres el fallo desfavorable de la Corte Suprema.

En concreto, autoriza al presidente a imponer aranceles temporales de hasta 15% o cuotas de importación cuando exista un problema grave en la balanza de pagos o una caída significativa del dólar.

Permite actuar rápidamente durante un máximo de 150 días sin necesidad de una investigación prolongada, aunque no ha sido activado por ningún presidente hasta el momento para imponer aranceles.

El presidente debe consultar al Congreso antes de imponer las restricciones y, si desea extenderlas más allá de los 150 días previstos por la ley, necesita autorización legislativa.

A diferencia de otras herramientas comerciales, la Sección 122 no exige demostrar prácticas desleales ni daño a una industria particular, puesto que su fondo es macroeconómico.