Minnesota demanda a la Administración Trump por el despliegue masivo de agentes migratorios

El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron este lunes una demanda contra la Administración Trump para frenar el despliegue de miles de agentes federales de inmigración en el área metropolitana de las llamadas Twin Cities.

La acción legal, que se produce días después de que un agente del ICE disparara a una mujer durante una parada de tráfico en Minneapolis, profundiza el choque entre autoridades estatales y el Gobierno federal.

La demanda apunta directamente contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y solicita a un juez federal una medida cautelar que ordene la retirada inmediata de los agentes migratorios enviados recientemente al estado, gobernado por el demócrata Tim Walz.

Según el escrito, el refuerzo de efectivos ordenado por la Casa Blanca vulnera garantías constitucionales y excede las competencias del Ejecutivo federal.

El conflicto se intensificó luego de que un agente del ICE matara a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años, durante un operativo en Minneapolis. El hecho desató varios días de protestas y renovó las críticas locales por el aumento de la presencia de agentes migratorios en la ciudad. La Administración Trump defendió al agente, con distintos voceros afirmando que Good impactó con el vehículo al oficial justo en el momento de intentar irse de la escena, justificando de esa forma la reacción del disparo.

Además de la defensa desde la Casa Blanca, el Departamento de Justicia anunció que no colaborará con las autoridades estatales en la investigación del caso. Esta negativa llevó a Minnesota a abrir una investigación independiente, en un contexto marcado por una creciente desconfianza entre funcionarios federales y estatales.

En el plano legal, la demanda sostiene que el despliegue viola la Décima Enmienda de la Constitución del país, que protege la soberanía de los estados frente a interferencias indebidas del Gobierno federal. Argumentos similares fueron utilizados el mismo día por el estado de Illinois, que presentó una acción judicial para bloquear las operaciones migratorias a gran escala que se vienen desarrollando en Chicago.

El DHS, por su lado, rechazó los planteos de ambos estados. En un comunicado, una portavoz del organismo calificó las demandas como contradictorias y acusó a los gobiernos locales de invocar selectivamente la Constitución para impedir la aplicación de leyes federales.

“Realmente es asombroso que la izquierda pueda redescubrir milagrosamente la Décima Enmienda cuando no quiere que los agentes federales del orden hagan cumplir la ley federal —lo cual es una clara responsabilidad federal bajo el Artículo I, el Artículo II y la Cláusula de Supremacía— y luego volver a federalizar cada responsabilidad estatal posible cuando regresan al poder. Ahórrennoslo”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.