El senador de Arizona Mark Kelly demanda al Departamento de Guerra por la revisión de su pensión militar
La acción judicial nombra también a varios altos funcionarios incluyendo al secretario de Guerra, Pete Hegseth y al secretario de la Marina, John Phelan.
El senador estadounidense Mark Kelly, demócrata de Arizona
El senador demócrata por Arizona y oficial naval retirado Mark Kelly presentó una demanda federal contra el Departamento de Guerra y varios altos funcionarios, luego de que la agencia adoptara medidas para degradar su rango de jubilación y reducir su pensión militar. El conflicto se desató tras la participación de Kelly en un video junto a otros legisladores demócratas en el que instaron a miembros de las Fuerzas Armadas a rechazar “órdenes ilegales” de la Administración Trump.
La acción judicial fue presentada en Washington DC. y nombra como demandados al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al Departamento de Guerra; a la Marina de Estados Unidos; y al secretario de la Marina, John Phelan. En el escrito, Kelly sostiene que las decisiones del Poder Ejecutivo carecen de sustento legal y vulneran protecciones constitucionales vinculadas a la independencia del Congreso.
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El mensaje que detonó la disputa
El caso tiene su origen en un video difundido el 18 de noviembre, en el que Kelly apareció junto a la senadora Elissa Slotkin y los representantes Chris Deluzio, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Jason Crow. Dirigiéndose a militares en servicio y a oficiales de inteligencia, los legisladores señalaron que la ley es clara y que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas.
Tras la publicación del video, el Departamento de Guerra respondió que el hecho de que Kelly sea un senador en funciones no lo exime de rendir cuentas y advirtió que conductas adicionales podrían derivar en nuevas acciones disciplinarias. En diciembre, el Pentágono anunció el inicio de una investigación completa de mando contra Kelly por “mala conducta grave”.
Censura formal
Como parte de ese proceso, Hegseth envió una carta de censura a Kelly en la que afirmó que sus declaraciones no promovían el buen orden ni la disciplina. Este tipo de comunicaciones suele utilizarse para documentar faltas y puede servir como fundamento para reducciones de rango, salario o beneficios, además de funcionar como advertencia ante sanciones más severas en caso de reincidencia.
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Una de ellas permite reabrir la determinación del grado de retiro si el secretario correspondiente concluye que existe “buena causa”, conforme a las regulaciones vigentes. En esos casos, la ley exige que el militar retirado tenga una oportunidad razonable de responder. Según la información disponible, Hegseth otorgó a Kelly un plazo de 30 días para presentar sus alegatos, con una resolución prevista en aproximadamente 45 días. Si el grado reconocido es reducido, la pensión militar se ajustaría al nuevo rango determinado.
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