El DOJ retira su defensa de las órdenes de Trump contra bufetes de abogados
La administración abandonó sus apelaciones de cuatro fallos federales distintos que habían bloqueado las directivas contra Susman Godfrey, Jenner & Block, Perkins Coie y WilmerHale.

Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) retiró este lunes su defensa de una serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump que apuntaban contra varios bufetes de abogados prominentes de Estados Unidos. Según registros judiciales, la administración abandonó sus apelaciones de cuatro fallos federales distintos que habían bloqueado las directivas contra Susman Godfrey, Jenner & Block, Perkins Coie y WilmerHale. A última hora del lunes, los abogados de la agencia decidieron presentar mociones para desestimar voluntariamente dichas apelaciones.
Los cuatro bufetes argumentaron que las medidas eran de carácter retaliatorio, señalando su representación pasada de adversarios políticos de Trump. WilmerHale empleó anteriormente al exfiscal especial Robert Mueller, quien encabezó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016; mientras que Perkins Coie asesoró a la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton durante su campaña presidencial de 2016 y trabajó con una firma de investigación vinculada a la controversia del dossier del exespía británico Christopher Steele.
De acuerdo con lo argumentado por los cuatro bufetes, las acciones ejecutivas buscaban restringir todo su acceso a contratos federales, autorizaciones de seguridad para su personal y el ingreso a instalaciones gubernamentales, medidas que, según han llegado a asegurar en varias ocasiones, afectarían significativamente sus operaciones.
Poco después de que fuesen emitidas las órdenes ejecutivas, algunos otros bufetes llegaron a acuerdos con la administración Trump para evitar órdenes similares que los castigaran, las cuales incluían compromisos de brindar asistencia pro bono a diversas causas con las que Trump se encontrara de acuerdo y eliminar las políticas de diversidad en sus oficinas. Sin embargo, después de concretar esos acuerdos, muchos de esos bufetes consideraron que los términos de los convenios eran inaplicables o no correspondían a lo que creían estar aceptando y los abandonaron discretamente.
Al defender las órdenes, los abogados del DOJ sostuvieron que Trump cuenta con una amplia autoridad para determinar qué entidades pueden ser confiadas con información gubernamental sensible, argumentando que las directivas respondían a preocupaciones del presidente sobre los bufetes. Sin embargo, los jueces federales rechazaron dicho planteamiento. Un tribunal incluso describió el intento como un esfuerzo por “inhibir la representación legal que no le agrada a la administración”, advirtiendo que mantener las órdenes sería “infiel al juicio y la visión de los Padres Fundadores”.