El Departamento de Educación termina con un programa de la era Biden que perdonaba deuda estudiantil

La Administración Trump llegó a un acuerdo judicial para terminar con un programa de la era Biden que reducía o perdonaba la deuda estudiantil de entre siete y ocho millones de personas. Se trata del plan 'Ahorro para una Educación Valiosa' (SAVE), una iniciativa del Departamento de Educación. Según estimaciones, tenía un costo para los contribuyentes que oscilaba entre 156.000 y 475.000 millones de dólares en diez años.

El acuerdo llegó a raíz de una demanda presentada por Misuri, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma, para revocar el plan ‘Save’. Este grupo, compuesto por estados republicanos, había argumentado que el programa excedía la autoridad del Poder Ejecutivo.

De ser aceptado judicialmente, el acuerdo implica que el programa SAVE será derogado o cancelado de forma anticipada. Por lo tanto, no se permitirán nuevas inscripciones, se denegarán solicitudes pendientes y los prestatarios actuales serán obligados a migrar a planes de pago antiguos o alternativos.

El plan de Biden, anunciado en 2023, formaba parte de los llamados planes de pago basados en los ingresos (Income-Driven Repayment, o IDR). Su propuesta central era que la cuota mensual de un deudor no dependiera del tamaño de la deuda, sino de sus ingresos.

Según argumentó en su momento el presidente Biden, esto era una forma de aliviar la carga de deuda estudiantil que enfrentan millones de estadounidenses, sobre todo los de ingresos bajos o moderados. En efecto, muchos terminarían pagando muy poco o incluso cero dólares al mes.

Se estima que el plan alcanzaba entre siete y ocho millones de personas a lo largo y ancho del país.

"Si se solicita un préstamo, hay que devolverlo"

En contraste, los republicanos sostenían que el plan era fiscalmente inviable, más aún teniendo en cuenta el tamaño del déficit público. A su vez, señalaron que el plan daba “un trato injusto” a quienes no pidieron préstamos, a quienes ya pagaron los suyos, o a quienes simplemente no fueron a la universidad, imponiendo una carga a quienes no se beneficiaron del sistema.

“Durante cuatro años, la Administración Biden intentó transferir ilegalmente la deuda de los préstamos estudiantiles a los contribuyentes estadounidenses, muchos de los cuales nunca solicitaron un préstamo para financiar su educación superior o ni siquiera fueron a la universidad, simplemente para obtener una victoria política que respaldara a una Administración en decadencia”, expresó al respecto el subsecretario de Educación, Nicholas Kent.

“La Administración Trump está corrigiendo este error y poniendo fin a este engañoso plan. La ley es clara: si se solicita un préstamo, hay que devolverlo. Gracias al estado de Misuri y a otros estados que luchan contra esta flagrante extralimitación federal, los contribuyentes estadounidenses pueden ahora estar seguros de que ya no se les obligará a servir de garantía para políticas de préstamos estudiantiles ilegales e irresponsables”, añadió.

Catherine Hanaway, fiscal general de Misuri, celebró el acuerdo alcanzado entre las partes: “Nuestra Oficina luchó por los estadounidenses trabajadores que estaban siendo abusados por los burócratas de la administración Biden, y ganamos en los tribunales en cada ocasión. Cargar unilateralmente a los contribuyentes con la deuda de otra institución de la Ivy League ignoró la autoridad del Congreso y fue claramente ilegal”.

El destino del plan de Biden cae ahora en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri, cuyos jueces serán los encargados de aceptar o no el acuerdo alcanzado por la Administración Trump y el citado grupo de estados.

¿Cuál era el costo del ‘Plan SAVE’?

Según estimaron desde la Administración Biden, el costo para los contribuyentes era de 156.000 millones de dólares en diez años.

Otros organismos, como la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), encontraron esa estimación como muy optimista. Para la CBO, el costo ascendía a los 230.000 millones.

El cálculo más pesimista lo realizó la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, estimando un costo a diez años de 475.000 millones de dólares.