Trump busca una indemnización millonaria del Departamento de Justicia por daños derivados de los casos en su contra

El presidente Donald Trump exige al Departamento de Justicia (DOJ) una compensación de aproximadamente 230 millones de dólares, al considerar que las investigaciones federales que enfrentó antes de regresar a la Casa Blanca. Fuentes familiarizadas con el proceso confirmaron que el mandatario inició los trámites legales necesarios para reclamar esa indemnización.

La solicitud que aún no se ha hecho pública, alega violaciones a sus derechos constitucionales y daños financieros ocasionados por lo que considera una persecución política impulsada por el FBI y por fiscales especiales que, a su juicio, actuaron con el propósito de dañarlo electoralmente. Incluye los costos derivados de las indagaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y el allanamiento del complejo de Mar-a-Lago en 2022, donde los agentes federales buscaron documentos clasificados.

Un reclamo sin precedentes

El presidente sostiene que esas actuaciones fueron ilegales y abusivas, y que lo forzaron a gastar decenas de millones de dólares en su defensa, además de afectar su reputación pública. Según personas al tanto del caso, los reclamos fueron presentados mediante un proceso administrativo que suele ser el paso previo a una demanda civil si no se alcanza un acuerdo.

“Me estoy demandando a mí mismo”

Trump reconoció públicamente la extrañeza del caso durante una conversación en el Despacho Oval, junto al director del FBI Kash Patel, la fiscal general Pam Bondi y el fiscal adjunto Todd Blanche.

“Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando asumí la presidencia, dije: ‘Me estoy demandando a mí mismo’. No sé cómo resolverla”, comentó con ironía, aludiendo a la paradoja de que su Gobierno deba decidir sobre un reclamo que él mismo impulsa.

De acuerdo con el manual interno del Departamento de Justicia, los acuerdos que superen los 4 millones de dólares deben ser aprobados por el fiscal general adjunto o por el responsable de la división civil, lo que sitúa la resolución de este caso en manos de funcionarios que han tenido vínculos previos con Trump y su equipo.