El DOJ demanda a Minnesota debido a que sus “políticas santuario” obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Minnesota y varias de sus jurisdicciones locales por implementar “políticas de santuario" que, según el gobierno federal, interfieren con los esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración. 

La acción legal, anunciada el lunes por la fiscal general Pam Bondi, busca obligar a estas entidades a cooperar con las autoridades federales en la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales.

La demanda nombra específicamente al estado de Minnesota, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, el condado de Hennepin, como así también al fiscal general estatal Keith Ellison y la sheriff del condado de Hennepin, Dawanna S. Witt. 

Según el DOJ, estas políticas limitan el intercambio de información con Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y restringen las consultas sobre el estatus migratorio, lo que ha resultado en la liberación de individuos que de otro modo enfrentarían deportación.

En el comunicado oficial, el DOJ argumenta que "la falta deliberada de coordinación ha dado lugar a la liberación en las calles de delincuentes peligrosos de la custodia policial que de otro modo estarían sujetos a deportación, incluidos inmigrantes indocumentados condenados por agresión agravada, robo y tráfico de drogas y personas".

La Administración Trump insiste en priorizar la seguridad pública

Bondi, en su primera declaración pública sobre el caso, enfatizó la prioridad de la seguridad pública: "Los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que inmigrantes indocumentados eludan el proceso legal". 

Agregó, además, que "este Departamento de Justicia seguirá litigando contra cualquier jurisdicción que utilice políticas de santuario para desafiar la ley federal y socavar la aplicación de la ley".

Por su parte, el fiscal general adjunto Brett Shumate, de la División Civil del DOJ, describió estas prácticas como una "flagrante violación de la ley que conlleva consecuencias peligrosas". Además subrayó que "la División Civil seguirá defendiendo enérgicamente el Estado de derecho al exigir a las jurisdicciones santuario que rindan cuentas plenamente".