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TPS para venezolanos: la Casa Blanca pide la intervención de la Corte Suprema

John Sauer, procurador general de los Estados Unidos, actuó mediante un procedimiento conocido como 'emergency application'. 

John Sauer en Capitol Hill/ Jim Watson

John Sauer en Capitol Hill/ Jim WatsonAFP

Joaquín Núñez
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La Administración Trump le pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en el caso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300.000 venezolanos. La Casa Blanca busca cancelar el programa, argumentando que ha sido “politizado” y usado como una forma de solución permanente en lugar de temporal. 

A principios de septiembre, el juez Edward Chen dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tenía autoridad legal para revocar el programa y que su determinación estuvo influenciada por prejuicios hacia las comunidades afectadas. El juez también emitió órdenes para que la administración mantuviera el TPS, permitiera renovaciones, y mantuviera los permisos de trabajo mientras se decide el caso judicial.

En este contexto actuó John Sauer, procurador general de los Estados Unidos, quien le solicitó intervención al máximo tribunal del país intervenir de manera urgente, mediante un procedimiento conocido como 'emergency application'. Este recurso judicial se utiliza cuando una de las partes entiende que el tema es demasiado urgente como para pasar por todo el proceso judicial, por lo que pide que suba directamente a la Corte Suprema. 

¿Qué es el TPS?

Se trata de un programa gubernamental que busca proteger temporalmente a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones que hacen peligroso o impracticable su regreso. Por ejemplo conflictos armados, desastres naturales, epidemias u otras condiciones extraordinarias y temporales. Son situaciones de carácter extraordinario. 

Durante el período que esté vigente, las personas con TPS tienen protección frente a la deportación y pueden obtener permisos de trabajo

​En el caso de los venezolanos, y teniendo en cuenta el régimen de Nicolás Maduro, se les otorgó esta protección al considerar que la situación en su país es peligrosa e inestable. Este programa es temporal y se renueva cada 6, 12 o 18 meses. La Administración Biden lo renovó por última vez en enero del 2025, poco antes de que comience la segunda gestión del presidente Trump.

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