Mientras Trump pide a los estadounidenses que recen, el DOJ argumenta contra el evangelista detenido por predicar en público

Mientras las democracias liberales de habla inglesa criminalizan la expresión religiosa en público o proponen hacerlo, el presidente Trump pide a a un millón de estadounidenses a rezar una hora cada semana por su país de cara a su 250 cumpleaños, con su Casa Blanca reprendiendo la presentación mediática de la iniciativa no sectaria "America Prays" como una forma de "nacionalismo cristiano".

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Trump lanza una nota disonante al instar a la Corte Suprema a limitar el amparo solicitado por una evangelista cristiano que fue detenido y multado por predicar el evangelio fuera de los límites de una remota zona de "protesta"en el Cinturón Bíblico.

La presentación del Gobierno en la demanda de Gabriel Olivier contra Brandon, Mississippi, que SCOTUS conocerá esta legislatura, es el único entre más de una docena de escritos de amigos del tribunal, la mayoría de ellos presentados el martes, que no es"en apoyo" del evangelista convicto.

Abrir la caja de Pandora

Un panel de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EEUU interpretó erróneamente el SCOTUS precedente Heck al bloquear la impugnación de Olivier de la ordenanza municipal sobre protestas basándose en que no impugnó la acusación y pagó una multa, por lo que el alto tribunal debería anular la sentencia -que no consiguió una nueva vista en pleno por un solo voto- y devolverla al tribunal de primera instancia, dijo el DOJ.

Pero su oposición a la petición de Olivier de confirmar a Heck no bloquea las reclamaciones de derechos civiles de la Sección 1983 por parte de demandantes como él que nunca estuvieron bajo custodia, alegando que eso abriría la Caja de Pandora.

"El caso podría tener ramificaciones significativas sobre cuándo los criminales convictos pueden presentar demandas alegando violaciones constitucionales", FindLaw escribió cuando la SCOTUS concedió la petición de Olivier.

Podría "afectar a demandas contra funcionarios o agencias federales" y socavar "la firmeza de las condenas estatales y la coherencia en cuanto a las sentencias de los tribunales estatales", poniendo en peligro casos penales federales o sentencias "que se basan en condenas anteriores en virtud de la ley estatal", decía el escrito del DOJ.

"El riesgo de crear juicios inconsistentes con los tribunales estatales"

El argumento de Olivier "permitiría a los acusados estatales que nunca fueron encarcelados presentar un ataque colateral a la condena a través del vehículo de una demanda civil, con el riesgo de crear ijuicios inconsistentes con los tribunales estatales", advirtió el DOJ al alto tribunal, citando a Heck.

Los tribunales federales están obligados a conceder "una deferencia significativa a las sentencias estatales" cuando un condenado en prisión preventiva impugna la condena, pero la propuesta de Olivier permitiría a los tribunales federales revisar las reclamaciones constitucionales de los que nunca han estado en prisión preventiva, dejando de lado "la misma deferencia a los tribunales estatales", dijo el Gobierno.

Las víctimas de la "descabellada" mala conducta de la fiscalía necesitan la misma ayuda

Cinco individuos, grupos y coaliciones que no presentaron escritos de apoyo a la petición de Olivier a la Corte Suprema han presentado escritos en su apoyo desde que el alto tribunal aceptó escuchar el caso.

Chike Uzuegbunam, otro evangelista callejero amenazado que ganó una importante victoria en la SCOTUS y un acuerdo masivo, instó al SCOTUS en su escrito a "dejar las cosas claras" en tres décadas de confusión sobre la aplicabilidad de Heck a situaciones como la de Olivier.

"El fallo del Quinto Circuito, si no se corrige, cerrará las puertas de los tribunales a innumerables ciudadanos -predicadores callejeros, defensores y oradores comunes- cuya única 'ofensa' es ejercer sus derechos constitucionales", dijo Uzuegbunam.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans parece haber olvidado la Ley de Derechos Civiles de 1871, que se convirtió en la Sección 1983, "que otorgó poderes a los tribunales federales en parte debido a la falta de voluntad de los tribunales estatales para proteger los derechos garantizados federalmente" tras la Reconstrucción y el auge del Ku Klux Klan, dijo el libertario Cato Institute escribió en su escrito.

El precedente Heck se aplica literalmente a los "presos del Estado", al considerar que no pueden utilizar "acciones civiles extracontractuales" para impugnar la validez de sus sentencias penales, y no tiene nada que ver con los demandantes que no están detenidos, dijo Cato. Su objetivo era impedir que los presos utilizaran la Sección 1983 "como una escapatoria para evitar los requisitos federales de agotamiento del hábeas corpus."

"En el Quinto Circuito, un individuo podría ser condenado por la expresión pública de su fe religiosa en virtud de una ley manifiestamente inconstitucional... pero no tendría ningún medio para impugnar la constitucionalidad de la ley o evitar futuros procesamientos en virtud de la misma", escribieron la Sociedad Legal Cristiana y grupos musulmanes, judíos e hindúes.

El "irónico resultado" es que los fieles religiosos como Olivier "que ya han sido procesados y, por tanto, han sufrido el perjuicio más concreto" no pueden impedir "las violaciones constitucionales en curso o futuras porque podrían amenazar la condena anterior", afirmaron. Esto es especialmente escalofriante para quienes"expresan opiniones religiosas impopulares".

El libertario Institute for Justice presentó una demanda en nombre de Erma Wilson, que también solicitando a la SCOTUS que anule el fallo del 5º Circuito de que no puede demandar al fiscal de Texas Ralph Petty, inhabilitado desde entonces, por su "actividad paralela encubierta" como secretario del juez que supervisaba su procesamiento, que, como el de Olivier, terminó con una sentencia suspendida.

Dado que el condado ocultó la violación "totalmente disparatada" de las garantías procesales - palabras de un renuente panel del 5º Circuito - hasta que expiró su sentencia de ocho años por posesión de drogas, "excluyendo cualquier posibilidad de una demanda de hábeas por ello", la Sección 1983 era el único recurso de Wilson para responsabilizar a Petty, al fiscal del distrito y al Condado de Midland, dice el escrito.

Wilson y Olivier "están en el mismo vagón: privados de cualquier vía federal para reivindicar sus derechos constitucionales federales, simplemente porque no están encarcelados", sin embargo, en ausencia de cualquier "barricada estatutaria", SCOTUS debería revocar la interpretación errónea de Heck, dijo Wilson.

Prohibir el propio pensamiento

Las provincias australianas y canadienses están lanzando ataques legales contra las oraciones públicas basándose en su contenido y no sólo en su ubicación, como hace la ley de protesta de Brandon, Mississippi, imitando a su hermano de la Commonwealth Reino Unido, que detiene y procesa a activistas provida por rezar en silencio cerca de clínicas abortistas.

El fiscal general de Nueva Gales del Sur, Michael Daley, confirmó en una reciente comparecencia ante un comité parlamentario que su Ley de Prohibición de Prácticas de Conversión, de cinco meses de antigüedad criminaliza la oración como "práctica sostenida dirigida a una persona con vistas a cambiar su orientación sexual o su género," respondiendo a las preguntas de la diputada liberal Susan Carter.

Cuando Carter respondió que la oración es "comúnmente sobre el cambio de todo tipo de cosas", Daley especificó que se permitían "consideraciones pastorales" como "rezar a alguien para fortalecerle y guiarle", pero no "sentarse a 'rezar para que el gay desaparezca'".

The Daily Declaration dijo que la declaración de Daley contradecía "las garantías de los partidarios de la ley" a los cristianos de la provincia de que su oración no estaba restringida.

Este verano, el vecino provincial de Nueva Gales del Sur Victoria juzgó a un médico culpable de mala conducta profesional por expresar creencias cristianas conservadoras comunes en las redes sociales, y le suspendió la licencia durante seis de los siete años del proceso.

El ministro de Laicismo, Jean-François Roberge, del Quebec francófono, que comparte la afinidad de su madre patria por censurar la expresión religiosa, dijo recientemente que el Gobierno "presentará un proyecto de ley para reforzar el laicismo en Quebec, en particular prohibiendo las oraciones en la calle,", aunque la CBC dijo que no especificó cómo se legislaría eso.

"Ver a gente rezando en las calles, en los parques públicos", en lugar de en iglesias o mezquitas, "no es algo que queramos en Quebec", dijo el primer ministro François Legault en diciembre, calificándolo de "mensaje muy claro a los islamistas". El gobierno propuso esta primavera una ley que ampliaría su prohibición de que los profesores y directores lleven símbolos religiosos a todo el personal escolar.

El arzobispo de Montreal, Christian Lépine, comparó la propuesta de prohibición de la oración pública con "prohibir el pensamiento mismo" en un declaración de la archidiócesis y un artículo de opinión en La Presse, según el National Catholic Register..

© Just The News