Un tribunal de apelaciones falla a favor de la Administración Trump en la demanda por los despidos de los trabajadores en período de prueba

El lunes, un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito falló en contra de los fiscales generales demócratas de 19 estados y el Distrito de Columbia, que demandaron a la Administración Trump por los despidos masivos de empleados federales en período de prueba. 

En una decisión dividida de 2-1, el tribunal anuló una orden de un juez inferior que había prohibido indefinidamente estos despidos en Washington DC, y los estados demandantes, determinando que los estados carecen de legitimidad para impugnar las acciones del gobierno federal, según reseña The Hill.

El juez J. Harvie Wilkinson III (nombrado por el expresidente Ronald Reagan), escribió la opinión mayoritaria, argumentando que otorgar legitimación a los estados "alteraría, de hecho, revolucionaría, el equilibrio inherente a la soberanía dual". Wilkinson enfatizó que el caso involucra el cumplimiento federal de leyes laborales que regulan despidos en el gobierno, no intereses estatales directos. "Reconocemos que el despido abrupto e indiscriminado de los empleados en período de prueba impuso costos demasiado humanos a los afectados", escribió. "Pero este impacto real en los empleados, que no son parte en este caso, no puede determinar nuestra revisión".

El tribunal ordenó al juez de distrito inferior desestimar el caso, allanando el camino para que la Administración Trump reanude los despidos de miles de trabajadores en período de prueba, en especial aquellos en su primer o segundo año de servicio o promovidos recientemente.

Estos recortes forman parte de los esfuerzos para reducir la burocracia y el gasto federal, liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encomendado a Elon Musk, excabeza del departamento.

Los 20 fiscales generales demócratas (incluyendo DC) presentaron la demanda en marzo, tras los despidos de al menos 24.000 empleados en período de prueba en unas 20 agencias federales. 

En esa línea, argumentaron que la Administración violó regulaciones federales al no seguir procedimientos de "reducción de personal", como notificar con 60 días de anticipación a los trabajadores y gobiernos estatales afectados, lo que generaría un aumento en demandas de desempleo y costos para los estados.

Inicialmente, el juez federal de distrito James Bredar (nombrado por el expresidente Barack Obama), emitió una orden temporal en febrero para reincorporar a los empleados despedidos en 18 agencias, independientemente de su ubicación.