Fallo judicial impide a Trump cancelar el programa TPS para inmigrantes venezolanos
Según el juez, la cancelación se hizo sin una evaluación formal de las condiciones en el país de origen ni la consulta con las agencias correspondientes.

Marcha para defender el TPS en ciudad de EEUU (Archivo)
Un juez federal en San Francisco determinó este viernes que la Administración del presidente Donald Trump violó la ley al intentar poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millar de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
La decisión, emitida por el juez Edward Chen, sostiene que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad legal para revocar el programa y que su determinación estuvo influenciada por prejuicios hacia las comunidades afectadas. Según el fallo, la cancelación se hizo sin una evaluación formal de las condiciones en el país de origen ni la consulta con las agencias correspondientes.
Repercusiones políticas y legales
El dictamen supone un revés para la agenda migratoria de Trump, enfocada en restringir tanto la inmigración ilegal como los programas que otorgan permisos temporales de permanencia. La eliminación del TPS era parte de esa estrategia y habría abierto la puerta a deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a la decisión, aunque se espera que el Gobierno apele. La Corte Suprema ya había intervenido anteriormente en este caso, suspendiendo un bloqueo previo a la cancelación del programa.
La Administración había defendido la medida al señalar que el TPS se había transformado en un incentivo para la migración irregular y que su extensión iba en contra de los esfuerzos de reforzar la frontera sur.
“Al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia al país”, señaló el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.
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El fallo también impactaría a quienes esperan regularizar su situación: unas 3.700 solicitudes iniciales quedarían sin efecto, junto con más de 102.000 peticiones de renovación pendientes.