La Corporación para la Radiodifusión Pública, que financia a NPR y PBS, cerrará luego de los recortes aprobados en el Congreso
La corporación ha quedado sin los recursos necesarios para continuar operando, lo que conduce a un cierre que comenzará con la eliminación de la mayoría de los empleos el 30 de septiembre.
El presidente Donald Trump en el Congreso Associated Press / LaPresse Only italy and spain
La Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), entidad que durante casi seis décadas ha canalizado fondos federales a estaciones de radio y televisión públicas como NPR y PBS, anunció el viernes que iniciará un cierre ordenado de sus operaciones.
Esta decisión, que marca el fin de una era para los medios públicos en Estados Unidos, responde a la eliminación de su financiación federal, aprobada por el Congreso y respaldada por la Administración del presidente Donald Trump.
Un cierre por recortes federales
El anuncio oficial de la CPB llega tras dos golpes financieros decisivos. En julio, el Congreso aprobó un paquete de rescisiones que eliminó $1.100 millones en fondos previamente asignados a la CPB para los años fiscales 2026 y 2027.
Este recorte, parte de una propuesta de $9.000 millones impulsada por la Casa Blanca, también afectó programas de ayuda internacional. Además, el Comité de Asignaciones del Senado publicó su proyecto de ley de asignaciones para 2026, excluyendo por primera vez en más de 50 años cualquier financiación para la CPB.
Estos recortes han dejado a la corporación sin los recursos necesarios para continuar operando, lo que conduce a un cierre que comenzará con la eliminación de la mayoría de los empleos el 30 de septiembre de este año.
Sin embargo, un pequeño equipo de transición permanecerá hasta enero de 2026 para gestionar el cumplimiento normativo, distribuciones finales y obligaciones financieras, incluyendo derechos musicales y regalías esenciales para el sistema de medios públicos.
“Estamos profundamente agradecidos a nuestros colaboradores en todo el sistema por su resiliencia, liderazgo y dedicación inquebrantable al servicio del pueblo estadounidense”, expresó Patricia Harrison, presidente y directora ejecutiva de la CPB, en el comunicado oficial. A pesar de los esfuerzos de millones de ciudadanos que abogaron por preservar la financiación, la corporación enfrenta ahora “la difícil realidad de cerrar nuestras operaciones”.
La financiación federal
La CPB, creada bajo la Ley de Radiodifusión Pública de 1967, distribuía anualmente más de $500 millones en fondos federales a estaciones locales, NPR, PBS y productores de contenido, según señala The New York Times. Además, de acuerdo con los datos financieros de la CPB, más del 70% de estos fondos se destinaban directamente a las más de 1.500 estaciones de radio y televisión públicas en todo el país, que en promedio dependían de esta financiación para el 13% de sus ingresos.
NPR recibía aproximadamente el 1% de su presupuesto operativo directamente del gobierno federal, aunque sus 1.000 estaciones miembro obtenían entre el 8% y el 10% a través de la CPB.
Por su parte, PBS y sus estaciones afiliadas dependían de los fondos federales para cerca del 15% de sus ingresos.
La decisión de la Administración Trump
La eliminación de la financiación de la CPB ha sido una prioridad de la Administración Trump, que ha acusado repetidamente a NPR y PBS de tener un sesgo liberal y de producir “propaganda izquierdista”. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha implementado varias estrategias para desmantelar el sistema de medios públicos:
- Orden ejecutiva de mayo: Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a la CPB a cesar la financiación federal para NPR y PBS, argumentando que el panorama mediático actual, con abundantes opciones de noticias, hace innecesario el apoyo gubernamental. La orden también exigía eliminar fondos indirectos, prohibiendo a las estaciones locales usar dinero federal para financiar programas de NPR o PBS.
- Remoción de miembros de la junta directiva: Trump, a través de una demanda, intentó remover a tres de los cinco miembros de la junta directiva de la CPB (Laura Ross, Diane Kaplan y el director ejecutivo de Sony Pictures, Tom Rothman nombrados por el expresidente Joe Biden). Una acción que la corporación impugnó en los tribunales por exceder la autoridad presidencial, aunque, finalmente, un juez denegó la demanda contra la Administración Trump.
- Presión en el Congreso: En junio, Trump solicitó formalmente al Congreso que retirara los $1.100 millones asignados a la CPB, utilizando el mecanismo de rescisión, que permite al presidente proponer recortes a fondos ya aprobados. Esto permitió a los republicanos aprobar los recortes con una mayoría simple en el Senado.
El paquete de rescisiones fue aprobado por la Cámara de Representantes el 18 de julio con un voto de 216-213, y contó con el respaldo exclusivo de los republicanos, salvo dos senadores, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, quienes se opusieron por el impacto en las estaciones rurales.
Trump firmó la ley el 4 de julio, celebrando en Truth Social la eliminación de fondos y calificó a la NPR y PBS como "atroces”.
Por su parte, Katherine Maher, presidente de NPR, advirtió que los recortes representan “un desmantelamiento injustificado de instituciones cívicas queridas” y tendrán un impacto desproporcionado en áreas rurales. Mientras que Paula Kerger de PBS destacó que la pérdida de financiación “va en contra de la voluntad del pueblo estadounidense”.
Política
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En comunidades nativas, Loris Taylor, presidente de Native Public Media, calificó la decisión del Senado como “profundamente preocupante”, argumentando que las 57 estaciones de radio nativas y cuatro de televisión que dependen de la CPB son esenciales para la preservación cultural y la seguridad pública.
Reacciones
Republicanos como el representante Brandon Gill de Texas defendieron los recortes, señalando que los medios de comunicación patrocinados por el Estado “los utilizan para difundir propaganda de izquierda que socava los valores estadounidenses”.
State sponsored media outlets receive over $500 MILLION every year from American taxpayers.
— Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) February 6, 2025
They use it to spew left-wing propaganda that undermines American values.
NPR and PBS have the right to publish what they want — but they don’t have a right to American taxpayer dollars. pic.twitter.com/qb9KD6SQpM
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes (R-LA), defendió los recortes y criticó a NPR y PBS por no ser “objetivos”, afirmando que el financiamiento público para medios era un “uso indebido de los dólares de los contribuyentes”.
Marjorie Taylor Greene (R-GA), fue una de las voces más estridentes a favor del desfinanciamiento, acusando a NPR y PBS de ser “cámaras de eco de la izquierda radical”. En esa línea, organizó una audiencia en el Congreso titulada “Anti-American Airwaves”, donde cuestionó a las directoras ejecutivas de NPR y PBS, Katherine Maher y Paula Kerger, sobre supuestos sesgos ideológicos.
La orden ejecutiva de Trump
Suspensión de financiación directa e indirecta por parte de la CPB
La orden instruye a la Junta Directiva de la CPB a suspender de inmediato toda financiación directa a NPR y PBS, en línea con la política de la Administración de no respaldar medios que no sean justos, precisos e imparciales. Además, prohíbe la financiación indirecta, asegurando que los licenciatarios y permisionarios de estaciones locales de radio y televisión públicas no utilicen fondos federales para apoyar a NPR o PBS.
Acciones de otras agencias federales
La orden no se limita a la CPB, sino que extiende sus directrices a todas las agencias ejecutivas, cuyos directores deben identificar y terminar cualquier financiación directa o indirecta a NPR y PBS, en la medida permitida por la ley. Además, las agencias deben evaluar si NPR y PBS cumplen con los términos de cualquier contrato, subvención u otro instrumento de financiación vigente, tomando medidas correctivas en caso de incumplimiento.
Disposiciones legales y alcance
La orden incluye cláusulas de divisibilidad y disposiciones generales para garantizar su implementación conforme a la ley y sujeta a la disponibilidad de fondos. Aclara que no afecta la autoridad legal de departamentos o agencias ni las funciones del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto en asuntos presupuestarios.
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