La Administración Trump presiona para eliminar la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes indocumentados

Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para revertir las leyes estatales que permiten a estudiantes inmigrantes indocumentados acceder a la matrícula universitaria reservada para residentes estatales, un beneficio que suele ser significativamente más económico que las tarifas para estudiantes de otros estados. 

Según un artículo publicado por Politico, el Departamento de Justicia (DOJ) ha iniciado acciones legales contra estados como Texas, Kentucky y Minnesota, argumentando que estas políticas otorgan un beneficio injusto a inmigrantes indocumentados, en detrimento de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

El DOJ sostiene que las leyes de matrícula estatal para estudiantes indocumentados violan la ley federal al otorgar beneficios a personas sin estatus legal que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses, especialmente aquellos que residen en estados vecinos. 

“Según la ley federal, las escuelas no pueden brindar a los inmigrantes indocumentados beneficios que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado oficial del DOJ. 

“El DOJ luchará incansablemente para reivindicar la ley federal y garantizar que los ciudadanos estadounidenses no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ningún lugar del país”.

Texas: un cambio luego de 24 años

Texas, que en 2001 se convirtió en el primer estado en permitir que estudiantes indocumentados pagaran matrícula estatal bajo la Ley Dream, revocó esta política este año tras una presión directa de la Administración Trump. 

La ley texana, firmada originalmente por el entonces gobernador republicano Rick Perry, había permitido a miles de jóvenes indocumentados acceder a una educación superior asequible durante 24 años. Sin embargo, según señala Politico, el presidente Trump convenció al estado para desmantelar esta política en cuestión de horas, tras una demanda presentada por el Departamento de Justicia y una moción conjunta con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien acordó que la política era inconstitucional.

Por su parte, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott en una publicación en X a principios de junio, señaló: “La matrícula estatal para inmigrantes ilegales en Texas ha terminado”.

Cambio a nivel nacional

En Florida, una ley de matrícula estatal de 2014 fue derogada en febrero también de este año, lo que, según señala el medio, podría costar a las instituciones educativas del estado cerca de 15 millones de dólares en ingresos por matrícula. 

En Kentucky, el fiscal general republicano Russell Coleman se alineó con la postura de Trump, instando al consejo estatal de educación postsecundaria a retirar su regulación para evitar un litigio que considera una “batalla perdida”. 

Minnesota también enfrenta presiones similares, con un proyecto de ley reciente que busca excluir a los estudiantes indocumentados de programas como North Star Promise, que ofrece matrícula gratuita a residentes de bajos ingresos.

A nivel nacional, aproximadamente 408.000 estudiantes indocumentados representan menos del 2% de la población universitaria, según los datos revelados. De estos, unos 119.000 están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que durante años contó con apoyo bipartidista. 

Por su parte, el representante Randy Fine de Florida, por ejemplo, argumentó que otorgar matrícula estatal a indocumentados es “inmoral” y constituye un incentivo para la inmigración ilegal. “Un georgiano que quiere ir a la Universidad Estatal de Florida paga más por una institución de Florida que un extranjero. Simplemente no está bien”, afirmó Fine.

Las reacciones

La eliminación de estas políticas ha generado ansiedad entre los estudiantes indocumentados. En esa línea, Manuel González, vicepresidente de la Junta Directiva del Austin Community College, le dijo a Politico que muchos estudiantes enfrentan no solo preocupaciones financieras, sino también un “clima político cada vez más hostil”