Una juez federal le ordenó a la Administración Trump frenar las detenciones e inspecciones migratorias indiscriminadas en California
Las órdenes tuvieron lugar un día después de que los grupos defensores argumentaran en una audiencia que la Administración Trump estaba violando la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Agentes de ICE arrestando a un inmigrante indocumentado en Los Ángeles.
La juez federal Maame E. Frimpong ordenó este viernes a la Administración del presidente Donald Trump detener todas las detenciones e inspecciones migratorias indiscriminadas en siete condados de California, incluyendo la ciudad de Los Ángeles, luego de que varios grupos defensores de los inmigrantes presentaran la semana pasada una demanda en la que acusaron al gobierno republicano de apuntar sistemáticamente contra personas de piel morena en el sur de California durante su arremetida migratoria. Dicha demanda, la cual se presentó ante un tribunal de distrito, solicitó igualmente que se impidiera a la Administración Trump hacer uso de lo que denominaron como “tácticas inconstitucionales” en redadas migratorias.
En dicha orden, la juez prohibió a la Administración Trump usar exclusivamente la etnia o la raza aparente, hablar inglés o español con acento, la ocupación de la persona, o su presencia en lugares como talleres de remolque o lavaderos de autos como base para una “sospecha razonable” para detenerla.
Respuesta a la demanda
Frimpong también emitió una orden por separado en donde prohíbe al gobierno federal restringir el acceso de abogados al centro de detención migratoria en Los Ángeles. En dicha orden, la juez detalló que se requerirá que el centro “B-18” permita visitas de abogados los siete días de la semana y proporcione acceso a llamadas telefónicas confidenciales con abogados a los detenidos.
La juez emitió dichas órdenes de emergencia —las cuales son una medida temporal mientras avanza la demanda— un día después de que los grupos defensores argumentaran en una audiencia que la Administración Trump estaba violando la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. En su fallo, Frimpong detalló que se había presentado una “montaña de evidencia” en la que se demostraba que el gobierno federal había cometido las violaciones de las que estaba siendo acusado.
En respuesta a la demanda, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tricia McLaughlin, detalló en un comunicado que “cualquier afirmación de que individuos han sido ‘objetivo’ de las autoridades por el color de su piel es repugnante y categóricamente FALSA”. De igual forma, McLaughlin detalló que todas “las operaciones de control son altamente específicas, y los oficiales hacen la debida diligencia” antes de proceder a arrestar a algún sospechoso.
El abogado del gobierno asegura que no hay evidencia de prejuicio racial
Skedzielewski también comentó que, en determinados casos, los agentes actuaban basándose en “paquetes de información dirigidos e individualizados”. De igual forma, el abogado explicó: “El Departamento de Seguridad Nacional cuenta con políticas y capacitación para garantizar el cumplimiento de la Cuarta Enmienda”.
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