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La Corte Suprema autoriza a la Administración Trump la deportación de ocho migrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur

El fallo contó con el voto en contra de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. 

Miembros de la Corte Suprema (SCOTUS)

Miembros de la Corte Suprema (SCOTUS)POOL via CNP/INSTARimages.com / Cordon Press

Agustina Blanco
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La Corte Suprema permitió el jueves que la Administración de Donald Trump deportara a ocho migrantes, con antecedentes penales y provenientes de diversos países, a Sudán del Sur

La decisión de la corte responde a una solicitud de emergencia de la Administración Trump y sigue a un fallo más amplio de junio que autorizó deportaciones a terceros países sin vínculos con los migrantes, según señala The New York Times.

Los migrantes, que han estado detenidos por más de un mes en una base militar estadounidense en Yibuti, enfrentan ahora un traslado inmediato.

Por su parte, según señala el periodista Camilo Montoya-Galvez, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que "estos enfermos estarán en Sudán del Sur para el Día de la Independencia", y señaló a la deportación como una "victoria para el Estado de derecho y la seguridad del pueblo estadounidense".

Las jueces que se opusieron

El fallo contó con el voto en contra de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Por su parte, los abogados de los migrantes acudieron al juez federal Brian E. Murphy en Boston para bloquear las deportaciones. Murphy, designado por el presidente Biden, argumentó que un fallo previo suyo, independiente del anulado por la Corte Suprema, protegía a los migrantes en Yibuti de una expulsión inmediata.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esta distinción y suspendió ambas órdenes, permitiendo las deportaciones.

La Administración Trump mantiene su agenda de deportación

La política migratoria de Trump busca acelerar las deportaciones masivas. En esa línea, la Administración Trump ha presentado más de una docena de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema en sus esfuerzos por reducir la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Para ello, se apoya bajo una ley de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
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