El DOJ demanda a jueces de Maryland por interferir con deportaciones de inmigrantes ilegales
La acción legal representa una escalada significativa en el conflicto con magistrados que exceden sus funciones al bloquear decisiones migratorias esenciales.
Un cartel del Departamento de Justicia se ve antes de una conferencia de prensa
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda federal contra el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland y sus 15 jueces, argumentando que una orden judicial vigente interfiere directamente con las funciones constitucionales del Ejecutivo, especialmente en materia de inmigración y deportaciones. ´
La acción legal representa una escalada significativa en el enfrentamiento entre el poder judicial y el equipo legal del presidente, que sostiene que los jueces están excediendo sus competencias con medidas que paralizan decisiones migratorias clave.
Lo que está en juego: la autoridad del Ejecutivo en inmigración
El centro del conflicto es una orden permanente emitida en mayo por el juez principal George Russell. La medida impide automáticamente que se ejecuten deportaciones de inmigrantes detenidos en Maryland por al menos dos días hábiles, siempre que estos presenten una impugnación legal.
La Administración calificó la orden como una intromisión “sin caso ni controversia particular”, alegando que representa una aplicación indebida de las facultades judiciales. El Departamento de Justicia argumenta que la norma impuesta por el tribunal no evalúa si el inmigrante realmente necesita medidas cautelares, si hay jurisdicción sobre su reclamo ni si este tiene fundamento legal. En otras palabras, se estaría bloqueando por sistema, no por méritos individuales.
Un precedente alarmante, según el Departamento de Justicia
Para los abogados de la Administración Trump, esta práctica viola principios establecidos por la Corte Suprema sobre cuándo pueden emitirse medidas cautelares federales. Además, señalan que la norma se está aplicando de forma generalizada sin evaluar los casos concretos, lo cual consideran un abuso del poder judicial.
La Administración también cuestionó la forma en que se está ejecutando la orden: argumenta que se trata de una decisión adoptada fuera de cualquier litigio específico y sin revisión suficiente, lo que la convierte en una intervención sistemática en la política migratoria nacional.
En su presentación, el Departamento de Justicia solicitó no solo la anulación de la orden, sino también que el caso sea transferido fuera de Maryland. Pidió que otro juez, seleccionado al azar por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, asuma la responsabilidad del caso para garantizar imparcialidad.
Respuesta desde la Administración Trump
“El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para llevar adelante su agenda política: este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no se puede permitir que continúe”, dijo Bondi.
Un trasfondo de tensión entre poderes
El juez Russell justificó su orden alegando que en las últimas semanas se había registrado una “afluencia” de peticiones de hábeas corpus por parte de inmigrantes detenidos, muchas de ellas presentadas fuera del horario judicial. Según él, esto estaba generando caos logístico y audiencias aceleradas que afectaban el debido proceso.
Sin embargo, para la Administración Trump, el argumento operativo no justifica una medida que, en los hechos, congela deportaciones de forma automática e impersonal.
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