Los sheriffs defienden sus acuerdos con el ICE: "Quiero proteger a mi comunidad"
Más de 500 condados, municipios y estados asumieron tareas de control migratorio, habitualmente potestad del Gobierno federal. VOZ conversó con más de una veintena de autoridades locales para conocer sus motivaciones y la respuesta comunitaria.
Imagen de archivo de agentes del sheriff
El sheriff Richard K. Jones ignora casi por completo el diccionario español, salvo, entre otras pocas, la palabra "jefe". La dice apretándose el pecho: "Jefe". Le vino bien hace poco en el calabozo de su condado, cuando sólo una de las ocho, diez inmigrantes ilegales detenidas hablaba inglés. Con dos se dio por vencido: de mandarín, no sabe nada.
Su condado, Butler, en Ohio, es uno de los cerca de 250 que firmaron acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En esencia, la agencia federal delega competencias a las autoridades locales, desde el mero papeleo hasta la formación de fuerzas especiales con capacidad de arresto.
¿Por qué? VOZ contactó a 21 cuerpos locales y estatales para conocer la respuesta. La del sheriff Jones: "Quiero hacer algo para proteger a mi comunidad".
Hace tan sólo semanas, Jones asegura que los marshals arrestaron, en su condado, a un miembro de la banda criminal MS-13, designada terrorista por la Administración. Violaciones, robos, asesinatos, atropellos... La lista de delitos cometidos por indocumentados en su condado, dice, es larga. El número también: "2.000 crímenes en cuatro años".
Pero además de víctimas, dice, los ilegales también son los principales victimarios de este crimen importado. Su mensaje, que dice respaldado por dos décadas frente al cuerpo, es simple: "Vengan aquí legalmente". Si no, al menos en Butler, Ohio, serán detenidos, procesados, deportados.
Tres modelos
La oficina de Jones rubricó dos contratos con el ICE: uno para procesar a los inmigrantes ilegales alojados en su prisión, otro para arrestarlos. Diez uniformados en una fuerza de 500 recibirán formación para esto último.
Aquel, que permite arrestos, es el más frecuente de los tres tipos de acuerdos ofrecidos por el ICE. Otras 241 fuerzas del orden en 26 estados firmaron pactos similares, llamados Task Force Model (Modelo de Fuerza Especial).
Los otros dos modelos permiten actuar solamente sobre inmigrantes ilegales que ya se encuentran en las cárceles locales, detenidos por otros motivos.
Aunque ambos sirven para agilizar la identificación y el papeleo, el llamado Warrant Service Officer program (Programa de Oficial de Órdenes) habilita más tareas. Los agentes locales pueden interrogar, tomar fotografías, huellas dactilares. El que menos competencias delega, el Jail Enforcement Model (Modelo de Ejecución Penitenciaria), es, por lejos, el menos popular:
"No es muy distinto a cómo interactúabamos y compartíamos información con el ICE hasta ahora", explica Mike Milstead, sheriff de Minnehaha, Dakota del Sur, a VOZ. Tras conversar con la agencia federal, estrecharon manos por el Programa de Oficial de Órdenes. "Sentí que encajaba bien".
Quienes optaron por este acuerdo señalan que agilizará la burocracia dentro de los confines de sus prisiones. "Se trata de garantizar que quienes ya están detenidos por delitos graves y hayan sido identificados por el ICE, sean transferidos de forma segura y legal a la custodia federa", expone Mark R. Ruppel, director de Comunicación de la Oficina del Sheriff de Charleston, Carolina del Sur.
Ryan Shea, sheriff del Condado de Freeborn, Minnesota, lo presenta de la siguiente manera:
"El programa será utilizado en el Centro de Detención. Nuestro personal estará sirviendo las órdenes a personas que ya están en nuestra custodia por cargos criminales. Esto eliminará la necesidad de que los funcionarios de ICE conduzcan más de una hora para servir papeleo que nuestro personal es capaz de hacer".
"También eliminará la posibilidad de que alguien sea liberado por nosotros sólo para ser arrestado más tarde en su casa o trabajo por el ICE, causando una interrupción en la comunidad".
"No vamos a salir en busca de inmigrantes", asevera Donald F Babbin Jr., jefe de policía de Ossipee, Nuevo Hampshire. Su acuerdo con el ICE permite arrestos. Pero sólo se realizarán, remarca, "durante el curso de las tareas normales" de los uniformados.
Como exintegrante de la agencia federal, Babbin cree gozar de una experiencia privilegiada para llevar el pacto a buen puerto. Pasado que también le permite comprender, afirma, "la importancia de encontrar un balance entre las labores de seguridad y el respeto de los derechos y la dignidad de cada individuo".
La mayoría de los cuerpos de seguridad consultados por VOZ afirman que la primera etapa del pacto, el entrenamiento a algunos elegidos de la plantillas locales, aún no ha comenzado. O se encuentra en sus etapas iniciales. Es el caso de Babbin. También del sheriff Patrick Callahan, del condado de Hughes, Dakota del Sur, quien dice que se someterá él mismo a la formación.
Motivos e incentivos
Del lado del Gobierno, la ventaja es matemática simple. Convertir a las autoridades estatales, municipales, urbanas en aliadas le permite multiplicar los agentes de su campaña de deportación, una de sus principales banderas. Convencido de su atractivo, lanzó una campaña para seducir a cientos de posibles socios.
Algunos jefes locales dicen a VOZ que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los contactó directamente. Además de a la cabeza, el DHS apunta al cuerpo: "Su Agencia + Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Federales = COMUNIDADES MÁS SEGURAS", se puede leer en un panfleto dirigido a agentes u oficiales rasos, brindándoles argumentos para convencer a sus superiores.
En su web, el ICE incluso dispone de plantillas de cartas para solicitar ingresar en alguno de los acuerdos y de memorándums los acuerdos, que los dirigentes locales sólo deben rellenar con sus datos:
Plantillas del ICE
Además de entrenamiento gratuito (costeado por el ICE), las fuerzas locales podrían recibir fondos federales extra mediante un programa del Departamento de Justicia. El argumento estrella, sin embargo: "Sobre todo, le ayuda a mantener su comunidad a salvo de extranjeros delincuentes potencialmente peligrosos".
Aquel es el incentivo más citado por los socios locales. Quieren, dicen, hacer más segura su propia comunidad.
Por ejemplo, como afirma el sheriff Barry S Faile, condado de Lancaster, Carolina del Sur, evitando reincidencias: "Expulsándolos [a indocumentados detenidos por alguna ofensa no migratoria] de nuestra comunidad para que no cometan más delitos". O impidiendo que "delincuentes violentos" se "cuelen por las lagunas jurisdiccionales", como dicen desde Charleston, Carolina del Sur.
Algunos más hablan de una mera formalización de lazos con los federales que datan de largo. Y otros, simplemente, sobre una guía para entender mejor qué hacer con los detenidos del ICE que se encuentran en sus calabozos.
"Yo, como Sheriff del Condado de Cowley, Kansas, creo que ha habido una afluencia de elementos criminales a los que se permitió ingresar al país sin ningún tipo de investigación", dice Dave Falletti, uno de los que menciona, sin tapujos, al aumento de los cruces fronterizos ilegales en los últimos años.
También lo hace Jones, el boss, "jefe", quien añade que durante cerca de 15 años emprendió colaboraciones similares con otros Gobiernos, incluyendo el de Barack Obama. Hasta que llegó Biden. "Estaban yendo a sheriffs de todo el país y desvinculándolos del ICE, así que me deshice de ellos antes de que se deshicieran de mí".
Vuelto Trump, volvió a contactar a la agencia.
Más allá del sheriff
El Departamento de Seguridad Pública de Iowa decidió someter a tres agentes especiales a la formación requerida para el Modelo de Fuerza Especial. Consultado por VOZ, afirma que busca "promover la seguridad pública" y que la colaboración es indistinta a la que sostiene con otros organismos federales, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA).
El memorándum, asegura, simplemente "formaliza" la "larga relación" que tiene con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el de Justicia (DOJ).
Críticas, preocupaciones y "noticias falsas"
"Al principio nos llegaron algunas dudas, sobre todo por temor a que se descuiden las leyes locales", comparte el jefe Babbin, de Ossipee. "O a que nuestro departamento empiece a buscar activamente inmigrantes ilegales". Para ambas, ofrece una respuesta única: "No es así".
Aunque dice entender la preocupación, promete que su equipo "sigue plenamente comprometido a servir a nuestra comunidad local y a respetar las leyes locales". Todos los más de 20 consultados responden a VOZ que sus nuevas tareas no los distraerán de las antiguas, específicas de su ámbito local:
"El acuerdo no desviará a nuestros agentes ni a los oficiales de detención de sus principales responsabilidades"
"No seremos desviados de nuestras responsabilidades principales"
"De lo dicho en nuestras conversaciones con el ICE, no tenemos razones para creer que nuestro personal se desviará de sus responsabilidades básicas, sin embargo vamos a monitorear cualquier preocupación"
"“No nos apartaremos de nuestras obligaciones. He jurado a la Constitución como sheriff, jefe... y también a la constitución estatal. Es mi trabajo aplicar las leyes"
Aunque de momento aseguran haber recibido pocas consultas, las autoridades locales dicen haber intentado calmar las inquietudes. Desde Charleston, lo definen como "una conversación en curso". "Muchas de las preocupaciones provienen de noticias falsas en los medios de comunicación", señala John Matz, sheriff del condado de Winnebago, Wisconsin.
"No quiero que nadie tenga miedo de llamar al 911 por su situación migratoria", previene Ryan Shea, sheriff de Freeborn, Minnesota. "Nuestros diputados no van a responder a su casa y poner a alguien bajo arresto físico por su estatus migratorio si llaman al 911", añade, destacando que su acuerdo es sólo válido para quienes se encuentran ya en sus prisiones.
"Ha sido en su mayor parte positiva", describe la reacción del condado de Crow Wing, Minnesota, el sheriff Erik Klang. De seis reseñas, sólo una fue crítica. Dos, en realidad, si se suman las palabras del fiscal general del estado, que públicamente advirtió contra los acuerdos. Pero a la oficina de Klang, de momento, no le llegó ningún recado.
"Estoy seguro de que nuestros socios locales, estatales y federales todos quieren lo mismo", dice: "Comunidades seguras y fronteras seguras". "Tenemos suficientes criminales extranjeros ilegales como para estar ocupados durante varios años, mucho más allá de la actual Administración".
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