Las niñas de Irán que el régimen envenenó

El 30 de noviembre de 2022, en la ciudad sagrada de Qom, dieciocho alumnas comenzaron a desmayarse, a vomitar, a perder la movilidad en sus extremidades. Era el primer episodio de lo que se convertiría en una ola de ataques químicos sin precedentes contra estudiantes iraníes. En los meses siguientes, el patrón se repitió en decenas de ciudades: olor a naranja podrida o a productos de limpieza, seguido de náuseas, palpitaciones, mareos, entumecimiento y crisis respiratorias.

Según fuentes iraníes y la agencia EFE, cerca de mil alumnas fueron envenenadas en unos cincuenta centros educativos femeninos durante la primera semana de marzo de 2023. Para cuando los expertos de la ONU publicaron su declaración, los ataques ya habían alcanzado noventa y una escuelas distribuidas en veinte provincias del país.

El entonces ministro del Interior, Ahmad Vahidí, el mismo funcionario a cargo de la investigación, descartó públicamente que los ataques fueran intencionales y atribuyó el noventa por ciento de los casos al «estrés y la ansiedad» de las propias niñas. Los medios estatales llegaron más lejos: sugirieron que las alumnas fingían los síntomas para evitar los exámenes.

El viceministro de Educación llegó a admitir que los ataques eran «intencionados» para cerrar colegios de niñas, pero pocas horas después retractó sus palabras diciendo que había sido «malinterpretado». El ministro de Sanidad habló de «algún tipo de veneno moderado». Las contradicciones se acumulaban mientras las ambulancias no daban abasto.

Se prohibió a los médicos documentar la causa real. «Los médicos recibieron instrucciones de no atribuir la muerte de las niñas afectadas a los ataques con gas y, en su lugar, tuvieron que citar otras afecciones médicas como causa» . Amnistía Internacional, en su informe de abril de 2023, concluyó que millones de alumnas iraníes estaban en riesgo, que el gobierno había ocultado sistemáticamente los informes toxicológicos, y que la respuesta estatal representaba una violación flagrante del derecho a la educación, a la salud y a la protección de los menores. Humanium señala que los expertos internacionales identificaron el gas nitrógeno como el probable agente de envenenamiento en muchos casos, aunque la negativa del régimen a facilitar muestras y la prohibición a corresponsales extranjeros de visitar a las niñas hospitalizadas impidió una verificación independiente completa.

La secuencia temporal no es casual. Los primeros envenenamientos ocurrieron después del estallido de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Las mismas alumnas que se habían quitado el velo en los patios de sus escuelas, que habían coreado «Mujer, Vida, Libertad» y que habían hecho cortes de manga frente a los retratos del exlíder supremo Ali Jamenei, eran hospitalizadas en masa. El contraste que señalaron los expertos de Naciones Unidas fue brutal: el mismo Estado que tardó meses en investigar ataques coordinados contra cientos de niñas fue capaz de desplegar en horas a sus fuerzas de seguridad para arrestar manifestantes pacíficos. La impunidad era un mensaje.

Grupos de padres se congregaron frente a los colegios gritando «Muerte al Gobierno asesino de niños». El movimiento «Mujeres, Vida, Libertad» había vuelto a las calles impulsado por la desesperación de madres y padres que no podían ni siquiera saber qué le habían hecho a sus hijas.

Los envenenamientos fueron la respuesta de la tiranía de los ayatolas a las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, perpetrado por la Policía de la Moral de la República Islámica. El 13 de septiembre de 2022, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, fue detenida por la «policía de la moral», acusada por no llevar el velo de forma adecuada. Testigos presenciales afirmaron que la policía la introdujo por la fuerza en una furgoneta, la golpeó en la cabeza y la llevó a un centro de detención para darle una «clase educativa». Tres días después, el 16 de septiembre, Mahsa Amini murió en el hospital. Tenía 22 años.

Las protestas que siguieron fueron las más masivas en décadas. Se extendieron desde Saqqez hasta Teherán, Isfahan, Mashhad, Tabriz y docenas de ciudades más. El movimiento «Mujer, Vida, Libertad» se hizo viral y el mundo, por un momento, se asomó a ver lo que pasaba dentro del régimen criminal.

La respuesta de los ayatolas fue metódica y feroz. Las fuerzas de seguridad dispararon munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos contra manifestantes. Las protestas dejaron cientos de manifestantes muertos (entre ellos casi 100 menores), cerca de 22.000 detenidos y decenas de personas que perdieron uno o ambos ojos por el impacto directo de perdigones en la cabeza.

Mientras las niñas eran envenenadas en sus aulas, el régimen afinaba otra herramienta: la horca. Se documentaron decenas de condenas a muerte en relación con las protestas para mediados de 2023. «Las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política» según Amnistía Internacional.

La primera ejecución ocurrió el 8 de diciembre de 2022: Mohsen Shekari, 23 años, fue ahorcado por protestar. Cuatro días después, Majidreza Rahnavard fue ahorcado públicamente. Según Iran Human Rights, en 2023 Irán ejecutó a 834 personas, utilizando la pena capital contra manifestantes sino también contra disidentes políticos.

Las dos periodistas que revelaron el caso de Mahsa Amini al mundo (Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi) fueron condenadas por «propaganda contra el sistema». Hamedi publicó la fotografía de Amini entubada en el hospital; Mohammadi cubrió su funeral. Eso fue suficiente para destruir sus vidas. Las mujeres que aparecieron en videos bailando en la calle sin velo fueron obligadas a disculparse en la televisión estatal. Los familiares de los manifestantes muertos fueron amenazados para que no hablaran. La tumba de Mahsa Amini fue dañada al menos dos veces. Su tío fue arrestado por las fuerzas de seguridad días antes del primer aniversario de su muerte.

Su abogado fue citado a interrogatorio. «Cualquier persona que participe en el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", sea participando en las protestas o mostrando públicamente su apoyo —por ejemplo en las redes sociales—, corre el riesgo de ser arrestada, detenida, maltratada, torturada y procesada por delitos graves que pueden llevar a la imposición de la pena de muerte.» — Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán, septiembre de 2023.

El 28 de febrero de 2026, durante los primeros ataques de la Operación Furia Épica, una explosión destruyó parcialmente un edificio en Minab. El régimen iraní lo presentó de inmediato como una escuela de niñas bombardeada por Estados Unidos e Israel, y la maquinaria propagandística hizo el resto. Las cifras de víctimas que publicaron los propios medios estatales iraníes variaron de manera asombrosa en pocas horas. La investigación sobre Minab sigue abierta. No se sabe con certeza quién disparó ni cuántos murieron. Sí hay documentos que muestran que el predio era históricamente una instalación de la Guardia Revolucionaria Islámica y es posible que la tragedia se deba a información de inteligencia desactualizada.

Pero la Operación Furia Épica, largamente esperada por millones de iraníes que llevan décadas bajo la opresión criminal de los ayatolas, fue ordenada por Trump para que no vuelvan a ocurrir las atrocidades perpetradas por este régimen criminal. La empatía que se activa únicamente como propaganda antioccidental no es empatía, es oportunismo disfrazado de indignación. Quienes callaron durante años mientras el régimen envenenaba niñas y ahorcaba disidentes no descubrieron el horror iraní. Descubrieron que ahora les resulta útil.