Un juez federal cuestiona la deportación de los pandilleros venezolanos del Tren de Aragua por parte de la Administración Trump

El lunes, el juez federal, James Boasberg, con sede en Washington, ordenó a funcionarios del gobierno explicar si violaron su mandato al deportar a cientos de personas durante el fin de semana.

El conflicto comenzó tras una decisión de la Administración Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para la expulsión de 238 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua con destino a El Salvador. Sin embargo, el sábado, a solicitud de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de derechos civiles, Boasberg emitió una orden temporal que bloqueaba estas deportaciones por dos semanas. 

En la audiencia de emergencia, el juez dejó claro que cualquier vuelo en curso debía regresar a territorio estadounidense. Su mandato formal fue registrado en el sistema judicial, según el Departamento de Justicia.

El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en la plataforma X imágenes de hombres desembarcando de un avión en la oscuridad, acompañadas del comentario: "Uy... demasiado tarde".

La Casa Blanca, por su parte, negó haber incumplido la decisión de Boasberg. Además, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a través de una publicación en su cuenta de X, cuestionó la autoridad del juez para intervenir. "Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave llena de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense", afirmó Leavitt.

“La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que terroristas extranjeros de TdA ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no se contradicen. Además, como ha dejado claro reiteradamente la Corte Suprema, los tribunales federales generalmente carecen de jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales en virtud del Artículo II para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada. Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense”, señaló Leavitt.

Escalada de tensiones

Los eventos han intensificado las tensiones entre Trump y el poder judicial.

El lunes, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, defendió las deportaciones en el programa "Fox & Friends" de Fox News, argumentando que los vuelos ya estaban en espacio aéreo internacional cuando se emitió la orden judicial. "Una vez que cruzas la frontera, ya sabes, es lo que es. Pero están en aguas internacionales, ya rumbo al sur, cerca de desembarcar. ¿Sabes qué? Hicimos lo que teníamos que hacer", afirmó. 

Homan también adelantó que la Administración planea continuar con más vuelos diarios, declarando: "Otro vuelo. Otro vuelo todos los días. No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces".

Boasberg, por su parte, respondió programando una audiencia para las 5 pm ET del lunes, exigiendo al gobierno detalles precisos sobre los vuelos, incluyendo si despegaron después de su orden o estaban en el aire cuando esta entró en vigor.

La postura de la Casa Blanca, es clara. El domingo afirmó que los tribunales federales "no tienen jurisdicción" sobre la autoridad presidencial en este caso. 

Mientras el Congreso respalda mayoritariamente las políticas de Trump, los jueces federales han sido un contrapeso, suspendiendo las acciones ejecutivas del mandatario republicano en la Casa Blanca.