La batalla electoral: mucho más que Donald Trump y Kamala Harris
Los estados pugnan por reformar los procesos para elegir al próximo presidente y las reformas y demandas judiciales dejan cada vez más cerca la opción de que sea la Corte Suprema quien acabe proclamando al siguiente líder de la primera potencia mundial.
Aunque serán Donald Trump o Kamala Harris quienes ocuparán la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre, sus mítines y entrevistas no son el único campo de batalla en el que se decidirá el próximo líder de la primera potencia mundial. De hecho, muchos estados pugnan por cambiar las reglas del proceso electoral en nombre de la seguridad y la integridad de los resultados tras lo vivido en 2020, mientras que otros tratan de perpetuar las excepciones provocadas por la irrupción del covid. Una situación que deja cada vez más cerca del Tribunal Supremo la decisión final.
Mientras que los estados demócratas tienen en el punto de mira al propio sistema electoral, especialmente en lo que concierne a los electores, acusándolo de ignorar el voto popular, los republicanos, con Trump a la cabeza, se muestran especialmente preocupados por garantizar un resultado final que no haya sido manipulado.
El voto de los no ciudadanos, mayor temor republicano
Los principales temores de los conservadores provienen de la posibilidad de que no ciudadanos voten igualmente en aquellos estados donde no es obligatoria la identificación a la hora de depositar su voto, así como de dos medidas que las restricciones impuestas por la pandemia del covid espolearon en 2020: la cosecha de votos y los buzones para guardar el voto por correo.
La mayor preocupación de los conservadores es el voto de no ciudadanos. Para evitarlo, han tratado de aprobar la Save Act, llegando incluso a vincular el speaker Mike Johnson su pase en el Senado a evitar un cierre de Gobierno. Respecto a 2020, hasta ocho estados han endurecido las normas que conciernen a la identificación de los votantes.
La identificación se refuerza en varios estados
Es el caso de Ohio, donde se ha limitado el tipo de documento de identificación que aceptará de los votantes a aquellos con fotografía expedidos por el gobierno. Arkansas, por su parte, ya no permitirá que se emita un voto provisional y se vuelva posteriormente para verificar su identidad con un documento válido. Además, también ha adelantado la fecha tope para recibir los votos por correo para garantizar que se cuenten el día de las elecciones. En Idaho, una nueva norma retiró algunos tipos de identificación que se aceptaban hasta entonces, como el carné de estudiante. En Montana, un tribunal anuló los cambios.
En Nebraska, el 65% de los votantes votó a favor de introducir la identificación obligatoria con foto en 2022. El próximo 5 de Noviembre, Nevada hará lo propio al incluir un referendo para decidir si aprueba esta misma medida. Por el momento, el Estado Plateado es uno de los 16 que no exigen ningún tipo de identificación para votar.
Asimismo noviembre también será clave para que ocho estados determinen por referendo si los no ciudadanos pueden votar o no en elecciones locales y estatales. La ambigüedad en las legislaciones de muchos estados ha permitido que sea así, sobre todo a raíz de las identificaciones con carnets de estudiantes o licencias de conducir (como ocurrió en Arizona hace unas semanas). Una controversia que se ha agravado en aquellas regiones en las que se ha aprobado la expedición de licencias de conducir a ilegales.
Buzones y cosecha de votos, en el punto de mira
No es el único cambio. Hace cuatro años, las elecciones llegaron entre limitaciones generalizadas para viajar y reunirse, lo que llevó a los estados a buscar alternativas especiales en las votaciones para garantizar la seguridad de los votantes. Por ejemplo, Alabama y Kentucky retiraron las restricciones al voto por correo. Los votantes registrados de otros, como California e Illinois, recibieron papeletas por vía postal. Otros estados como Texas dieron más tiempo para el voto anticipado por correo. Incluso hubo quienes llegaron a suspender de manera temporal el requisito de que las papeletas de voto por correo fueran notariadas.
Desde entonces, varios estados están tratando de revocar éstos y otros métodos de expansión del voto de la era Covid. Hasta el momento, siete estados han prohibido o limitado considerablemente el uso de los buzones de voto. Texas ha incluido la obligatoriedad de que sean supervisados por un "agente de seguridad electoral". Con el mismo espíritu, Nuevo México exige que todos los buzones sean controlados por cámaras de vigilancia y que las grabaciones sean conservadas por los secretarios de los condados. Más radical es el caso de Arkansas y Dakota del Sur, entre otros, que aprobaron la prohibición absoluta de su uso.