Misión de la ONU acusa a la Guardia Nacional de Venezuela de "violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad"
Estos abusos están documentados desde 2014 "en el contexto de protestas y de acciones de persecución política", agregó el grupo de investigadores.

Represión en Venezuela por las fuerzas policiales de Maduro
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela es responsable de "graves violaciones y crímenes contra la humanidad" desde hace más de diez años, afirmó el jueves una misión de Naciones Unidas en su último informe.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019, aseguró que miembros de la GNB cometieron "ejecuciones, detenciones arbitrarias, violencias sexuales y sexistas, así como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Estos abusos están documentados desde 2014 "en el contexto de protestas y de acciones de persecución política", agregó el grupo de investigadores.
"Represión sistemática y coordinada contra opositores"
En septiembre de 2019, la ONU amplió su vigilancia sobre la situación en Venezuela con la creación por el Consejo de Derechos Humanos de esta misión internacional independiente para determinar los hechos.
Esta misión, que no se expresa en nombre del organismo, documentó hechos que según ella "demuestran el papel de la GNB en la represión sistemática y coordinada contra opositores o percibidos como tales, desde hace más de una década", denunció Marta Valiñas, presidente de la misión, citada en un comunicado recogido por AFP.
Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, incluidos la GNB y la policía, son acusados con frecuencia de abusos, por lo general durante la represión de manifestaciones de la oposición.
Actos de violencia en las instalaciones de la GNB
Estados Unidos, Europa y muchos países de América Latina no reconocen los resultados de las elecciones de 2024 que llevaron a Maduro a emprender su tercer mandato de seis años. La oposición acusa al régimen de fraude.
Durante las protestas más fuertes de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB "hizo uso excesivo de la fuerza, especialmente usando de manera no apropiada armas letales y no letales", agregó la misión en ese informe publicado en Ginebra.
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La misión también mencionó "detenciones arbitrarias masivas", y actos de violencia en las instalaciones de la GNB.
"Los actos de tortura, malos tratos y violencias sexuales que hemos verificado, inclusive agresiones y violaciones, no son incidentes aislados. Se inscriben en un esquema de abusos que buscan castigar y romper a las víctimas", aseguró Valiñas.
"La Misión tiene motivos razonables para creer que responsables del GNB desempeñaron un papel determinante en los crímenes que son objeto de la investigación", agregó.
Una impunidad reforzada
El informe menciona también una "impunidad estructural" en ese país con casos constatados de "investigaciones que no avanzan", de "parálisis del procedimiento prolongada", o "manipulación de pruebas".
Según los investigadores, la persistencia de esos abusos es testimonio de las "fallas" del sistema político y de la responsabilidad venezolana, que según ellos "contribuyó a reforzar la impunidad".
"La persistencia de esos crímenes y la ausencia de justicia adecuada exigen una respuesta firme de los mecanismos de control nacionales e internacionales", puntualizó Valiñas.
Muerte de un exgobernador opositor bajo custodia del régimen
Opositores y organizaciones denunciaron el sábado que llevaba meses sin recibir atención médica y consideraron su muerte una consecuencia directa de las condiciones de reclusión impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
Díaz fue arrestado en noviembre de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa y permaneció más de un año en este centro de detención descrito como “el infierno en la tierra”, bajo condiciones de aislamiento y con acceso limitado a visitas.
Antes de ser detenido, el exgobernador criticó que no se hubieran difundido los resultados detallados de las elecciones presidenciales de julio del año pasado y denunció públicamente la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta en noviembre, la cual el Gobierno atribuyó a supuestos ataques de la oposición.