Arizona: 100.000 votos en juego por un fallo en la prueba de ciudadanía

Maricopa y Arizona se están convirtiendo en sinónimo de lío electoral desde 2020, con un capítulo especial en las midterms de 2022 y la carrera a gobernador entre Kari Lake y katie Hobbs. Ahora, en víspera de las presidenciales de noviembre, el registrador del condado Stephen Richer ha llevado a los tribunales al secretario de Estado Adrián Fontes para dirimir si 97.000 residentes registrados para votar como ciudadanos por error pueden votar en todos los procesos electorales en juego en el estado el 5 de noviembre -como considera Fontes- o deben limitarse a depositar su papeleta en las carreras federales -como apunta el propio Richter-.

Prueba de ciudadanía obligatoria para poder votar en todos los procesos electorales

Desde 1996 Arizona obliga a presentar una prueba de ciudadanía a quienes trataran de obtener una licencia de conducir. Los no ciudadanos reciben un permiso diferente que no es válido como prueba de ciudanía. En 2004, Arizona aprobó una ley que exige a los residentes que deseen registrarse para votar en todas las elecciones en curso en cada ocasión a demostrar que son ciudadanos, y los oficiales electorales aceptaron las licencias de conducir posteriores a 1996 como pruebas de ciudanía, por lo que el registro de votantes se limitaba a chequear que el solicitante contaba con un permiso de conducir expedido a partir de dicho año.

Como colofón legislativo, el Tribunal Supremo falló en 2013 que Arizona tiene la obligación de aceptar los formularios de registro de votantes federales establecidos por la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. El estado del Gran Cañón permite desde entonces a los residentes que se registren para votar sin presentar pruebas de ciudadanía que reciban papeletas únicamente para las contiendas federales.

Unos 97.000 votantes registrados como ciudadanos no presentaron nunca las pruebas

Sin embargo, la oficina de Richer detectó este año un error que provocó que 97.000 residentes fueran registrados para votar como ciudadanos sin haber presentado una prueba de ciudadanía. El motivo es que la División de Vehículos de Motor (MVD, por sus siglas en inglés) actualizó la fecha de expedición de la licencia de estas personas, que habían obtenido su permiso antes de 1996 sin presentar prueba de ciudadanía, con la fecha en la que se realizó el nuevo trámite, por ejemplo, un duplicado por pérdida de la licencia original u otro tipo de situaciones que obligaban a reemplazar un permiso. 

Cuando el registro de votantes comprobaba la base de datos de la MVD, estas 97.000 personas aparecían como ciudadanos que habían presentado la prueba pertinente y podían por tanto votar en todas las papeletas, cuando, en realidad, nunca lo hicieron.  De hecho, la Oficina de Richer detectó a una persona registrada como votante con permiso a votar en todas las elecciones que resultó no tener la ciudadanía, aunque tampoco había llegado a votar nunca.

Los tribunales tendrán la última palabra

Richer presentó su descubrimiento el pasado 6 de septiembre a la Secretaría de Estado, pero no consiguieron llegar a un acuerdo sobre el procedimiento a seguir. Dado que la fecha límite para que los condados envíen las papeletas a los soldados o votantes fuera de las fronteras estadounidenses termina el sábado 21 de septiembre y que el voto temprano comienza el 9 de octubre, Richer llevó el asunto a los tribunales para que sean éstos los que diriman a qué votaciones tienen derecho los afectados.

Por su parte, Fontes aseguró en una rueda de prensa que si estos votantes fueran obligados a ejercer su derecho únicamente en las elecciones federales (presidente y Senado), se aceptaría que presentaran una prueba de ciudadanía antes del mismo día de las elecciones a las 7 p.m. para poder participar en las carreras y referendos estatales y locales en juego.  Además, la gobernadora Hobbs anunció que se había corregido el error tras ser notificado.