La Decimocuarta Enmienda, la última herramienta judicial para bloquear la candidatura de Trump

Las voces a favor de usar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución contra Donald Trump se materializaron a finales de la semana pasada en una presentación ante un tribunal federal en Florida. Lawrence Caplan, abogado radicado en Palm Beach, pidió a la Corte que vete la participación del expresidente en las primarias republicanas y las elecciones generales.

Caplan se ciñe a la tercera sección de la Enmienda, que establece que quien haya prestado juramento a la Constitución no podrá volver a ocupar cargos públicos si participó de una "insurrección o rebelión" o prestó "ayuda o protección" a los enemigos de la ley suprema del país.

La Enmienda aclara, además, que la inhabilitación podrá revertirse si así lo ratifica dos tercios de cada cámara del Congreso. En palabras del propio texto traducido al español, disponible en los Archivos Nacionales:

El abogado floridano sostuvo que el asalto al Capitolio y los dos casos contra Trump en Georgia y Washington D.C. por haber, presuntamente, intentado revertir las elecciones deberían volverlo automáticamente inelegible.

"Lo importante aquí es que el presidente Trump participó en una insurrección y también prestó ayuda y consuelo a otras personas que estaban participando en tales acciones, con la clara definición de estos términos tal y como se encuentran en la la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda", escribió Caplan en la presentación.

Lawrence Caplan - Voz Media (de/from: Court Listener) by Santiago Adolfo Ospital on Scribd

Caplan se expresó en una entrevista a The Hill sobre lo inédito de su reclamo a la Justicia, opinando que estaba justificado porque Estados Unidos nunca había sufrido un ataque semejante al del 6 de enero. En esa ocasión también declaró sobre el expresidente republicano:

Los expertos, divididos

"Si Donald Trump fuera reelegido, ¿cómo podría confiar cualquier ciudadano en que mantendrá el juramento que prestará al tomar posesión de su cargo?", se preguntaron el ex magistrado John Michael Luttig y el profesor Laurence Henry Tribe en un artículo que inspiró a Caplan a hacer su presentación judicial.

Luttig y Tribe aseguraron que la inhabilitación entraría en vigor inmediatamente, sin necesidad alguna de proceso judicial, condena, impeachment o legislación del Congreso. Bastaría con que un "funcionario electoral responsable" descalifique a Trump. El caso, entonces, seguramente llegaría a la Corte Suprema, que debido a la trascendencia del asunto debería decidir con premura.

Aunque la Decimocuarta Enmienda se escribió para prohibir que los confederados participasen en los gobiernos estatales o el federal, por tanto en el contexto de la Guerra Civil, los autores opinaron que la Sección Tres "no es un anacronismo ni una reliquia del pasado".

"A pesar de su largo letargo, la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda está viva y en vigor", coincidieron los profesores de Derecho William Baude, de la Universidad de Chicago, y Michael Stokes Paulsen, de la Universidad de Santo Tomás -quienes a su vez inspiraron el artículo de Luttig y Tribe- en un artículo académico.

En cambio, el profesor emérito de Derecho Alan Dershowitz se opuso a la medida: "Pondría la decisión sobre quién es el presidente en manos de los Secretarios de Estado locales y los gobernadores demócratas, en lugar de en manos del pueblo". Durante una conversación con Just The News también advirtió que aquella era la amenaza más grave para Trump porque "ni siquiera hace falta una condena para que algunos secretarios de estado lo retiren de las urnas".

"Es algo que la izquierda marxista lleva años impulsando contra Trump", publicó por su parte el letrado Mark R. Levin, que además describió el artículo de Luttig y Tribe como una "pieza autohumillante":

"La cláusula que citan los demócratas se creó en referencia a una Guerra Civil real en la que murieron más de 750.000 personas en combate", expuso, por su parte, el jurista Jonathan Turley cuando la junta electoral de Carolina del Norte se basó en la misma Sección constitucional para concluir que tenía el poder de prohibir que Madison Cawthorn se presentase a las elecciones en 2022 debido a su papel el 6 de enero. Los sucesos de aquel día, sostuvo entonces, no se habían considerado legalmente como una insurrección o rebelión. Además: