Los legisladores republicanos de Luisiana revocan el veto del gobernador Edwards y prohíben los tratamientos trans en menores
La ley entrará en vigor en 2024, pero queda expuesta a una batalla judicial como ha sucedido en muchos de los otros 20 estados en contra de los procedimientos trans para menores de edad.
Los legisladores de Luisiana lograron aprobar su ley para prohibir los tratamientos médicos trans en menores de edad. Los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el Senado estatales votaron en contra del veto del gobernador demócrata Edwards, quien intentó frenar la HB 648.
Luisiana se une así a los otros 20 estados que legislaron en contra de los tratamientos trans para menores de edad. Los procedimientos que la ley prohíbe incluyen las cirugías de varios tipos, los tratamientos hormonales y los bloqueadores de la pubertad. Se contempla también la prohibición de otros tratamientos de "afirmación de género" para menores de 18 años de edad. La ley se hará efectiva a partir del primer día de 2024.
Los republicanos controlan la legislatura de estado de Luisiana con 39 senadores y 71 representantes en sus respectivas cámaras. Para revocar un veto es necesario el apoyo de dos tercios de ambas.
En la votación, algunos legisladores demócratas votaron también contra el gobernador Edwards. Usaron su poder para revertir el veto del gobernador por segunda vez en Luisiana desde 1974. Es también la segunda vez que le ocurre al gobernador Edwards.
Para el demócrata Edwards, los legisladores de Luisiana han antepuesto "la política a las personas sin tener en cuenta las repercusiones prácticas del proyecto de ley". "Creo firmemente que la legislatura se ha extralimitado en su autoridad y está interfiriendo en decisiones críticas sobre la atención sanitaria que sólo los padres deben tomar en consulta con sus hijos y los médicos y psicólogos de sus hijos", añadió en un comunicado.
Con esta ley se abre la veda para que comience una batalla en los juzgados contra esta ley, tal y como se ha dado en otros estados del país. En Arkansas, un juez federal echó la ley abajo por considerarla inconstitucional. En Alabama e Indiana está bloqueada. Situaciones similares ocurrieron también en Tennessee, Oklahoma y Florida.