El Escudo de las Américas denuncia un intento de golpe de Estado criminal contra el presidente de Bolivia
Los países miembros ratificaron su defensa de las autoridades democráticas frente a lo que catalogaron como "esfuerzos cínicos" de la izquierda.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz.
El frente diplomático y de seguridad del hemisferio occidental ha cerrado filas de manera contundente para frenar la desestabilización institucional en Bolivia.
Los gobiernos que integran la coalición Escudo de las Américas (Shield of the Americas), emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian formalmente las maniobras en curso para derrocar al legítimo gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
El grupo lo conforman Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
La declaración colectiva representa un respaldo internacional decisivo a la administración de Paz frente a una ola de disturbios masivos y bloqueos de carreteras que, según la alianza regional, constituyen tácticas ilegítimas.
Los países miembros ratificaron su defensa de las autoridades democráticas frente a lo que catalogaron como "esfuerzos cínicos" destinados a estrangular el suministro de alimentos, medicamentos y recursos esenciales para los ciudadanos mediante "falsos bloqueos de carreteras".
Financiamiento del narcotráfico y la sombra del viejo orden
El posicionamiento de la coalición apunta directamente a las estructuras financieras de la criminalidad organizada como las verdaderas promotoras de la violencia en las calles bolivianas.
"La ley de la calle no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas para pasar página a dos décadas de gobiernos corruptos", sentencia de manera drástica el texto publicado por el Departamento de Estado.
Asimismo, la nota oficial exige que rindan cuentas ante la justicia "aquellos que están financiando estas protestas con dinero sucio del narcotráfico y el crimen transnacional".
Esta declaración colectiva se alinea con las severas advertencias formuladas de manera independiente por los altos mandos de la Administración Trump.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, denunció que la nación andina está bajo el asedio de factores subversivos y ratificó el compromiso de la naciente Coalición Anticarteles de las Américas (A3C) para evitar que "los narcoterroristas puedan lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio".
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó en sus canales oficiales que la Casa Blanca no tolerará que estructuras delictivas depongan a líderes elegidos por el voto popular, una postura secundada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien definió las protestas actuales como un "golpe de Estado" financiado por una "alianza perversa entre la política y el crimen organizado".
El factor interno: reformas de mercado y el repliegue de Evo Morales
La agitación social en La Paz y otras urbes principales del país se ha agudizado tras las profundas reformas económicas de libre mercado impulsadas por el mandatario Rodrigo Paz en sus primeros seis meses de gestión.
La administración boliviana eliminó los subsidios estatales a los combustibles —generando un incremento del 90 % en los precios del carburante— e impulsó una reforma agraria orientada a potenciar la productividad de la agroindustria, medidas que desataron la resistencia de sectores agrícolas indígenas y transportistas en un entorno marcado por la inflación.
Los disturbios provocaron esta misma semana la dimisión del ministro de Defensa local, Marcelo Salinas.
La coyuntura de parálisis vial ha sido aprovechada por el socialista y prófugo de la justicia boliviana Evo Morales para exigir la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días, amenazando con una parálisis total si el gobierno recurre a la militarización.
Morales permanece oculto desde hace casi dos años en la zona cocalera del Chapare con el fin de evadir una orden de captura judicial que pesa en su contra por delitos graves de trata de personas y abuso de menores, acusaciones que el dirigente socialista tacha de políticas.
Ante este panorama, las trece naciones firmantes del Escudo de las Américas exhortaron a los sectores que posean demandas legítimas a canalizarlas mediante los mecanismos de diálogo dispuestos por el ejecutivo boliviano, instándolos a denunciar y desmarcarse públicamente de las facciones radicales que pretenden instrumentalizar causas sociales para reinstaurar el antiguo statu quo comunista en la nación.
LO ÚLTIMO
