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Washington golpea tres pilares económicos del régimen cubano con nuevas sanciones

La Administración Trump amplió su ofensiva contra La Habana al sancionar a altos funcionarios del sistema de salud, empresas vinculadas a las misiones médicas, entidades del sector energético y compañías asociadas al conglomerado militar GAESA. El anuncio busca impedir que el régimen continúe obteniendo recursos mediante redes que considera corruptas y mecanismos de evasión de sanciones.

Un hombre frente a una cocina improvisada en medio de un apagón en Cuba

Un hombre frente a una cocina improvisada en medio de un apagón en CubaAFP

Diane Hernández
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La Administración de Donald Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen cubano, en una medida que amplía la presión económica sobre tres sectores considerados estratégicos para la obtención de divisas: las misiones médicas internacionales, la industria energética y el entramado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Las nuevas designaciones fueron anunciadas por el Departamento de Estado como parte de la política de endurecimiento de las restricciones contra La Habana y, según Washington, buscan impedir que el régimen continúe utilizando empresas estatales y estructuras corporativas para financiar sus operaciones y eludir sanciones impuestas con anterioridad.

La red de exportación de médicos vuelve al centro de las sanciones

Entre los sancionados figura José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba desde 2018, así como Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo encargado de coordinar las brigadas médicas enviadas al exterior.

Además, fueron incorporadas a la lista de sanciones la propia Unidad Central de Cooperación Médica y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, dos entidades clave en la gestión de los programas internacionales de salud.

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado sostiene que el régimen cubano utiliza "leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas" para manipular o presionar a miles de profesionales sanitarios a incorporarse y permanecer en estas misiones internacionales, que Washington considera un esquema de explotación laboral.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que, según cifras oficiales del propio oficialismo cubano, la exportación de servicios médicos generó alrededor de 7.000 millones de dólares en 2025, con unos 24.000 profesionales desplegados en 56 países, lo que convierte este programa en una de las principales fuentes de ingresos del país.

La Habana, por su parte, rechaza esas acusaciones y sostiene que las brigadas médicas forman parte de acuerdos de cooperación internacional solicitados por gobiernos extranjeros.

Empresas energéticas también entran en la lista

La nueva ronda de sanciones también alcanza al sector energético, otro de los pilares que Washington considera estratégicos para el sostenimiento económico del régimen.

Las entidades designadas son el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., compañías vinculadas a actividades relacionadas con la investigación petrolera, la importación de combustibles, gas y lubricantes.

Aunque el Departamento de Estado no detalló operaciones específicas atribuidas a estas empresas, señaló que forman parte de la infraestructura económica que permite al régimen acceder a recursos financieros y mantener sectores considerados prioritarios.

Nueva ofensiva contra el conglomerado militar GAESA

Las sanciones también refuerzan la presión sobre el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y considerado por Washington como el principal brazo económico del régimen.

​En esta ocasión fueron designadas Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

​Según el Departamento de Estado, estas compañías realizaron modificaciones administrativas o cambios en su estructura corporativa para intentar eludir sanciones previamente impuestas a otras entidades vinculadas a GAESA.

​Washington afirma que las nuevas medidas buscan precisamente cerrar esas vías de evasión y evitar que empresas rebautizadas o reorganizadas continúen operando dentro del sistema financiero internacional.

¿Qué implican estas sanciones?

Las designaciones fueron adoptadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, que amplió las facultades del Gobierno estadounidense para sancionar a personas y entidades vinculadas al régimen cubano.

En la práctica, las medidas implican el bloqueo de cualquier bien o activo que los sancionados posean bajo jurisdicción de Estados Unidos. Asimismo, ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista.

Aunque las sanciones no bloquean automáticamente las operaciones de empresas extranjeras, sí aumentan el riesgo para bancos, inversionistas y socios comerciales que mantengan vínculos con las entidades designadas, al exponerse a mayores controles regulatorios o a posibles sanciones secundarias.

Una estrategia para limitar las fuentes de financiamiento del régimen

Las nuevas designaciones se suman a las medidas anunciadas por Washington en las últimas semanas contra altos dirigentes del régimen cubano, entre ellos Miguel Díaz-Canel, familiares del dictador y Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

En esta ocasión, sin embargo, la Administración Trump amplía el alcance de su estrategia al concentrarse en sectores que considera esenciales para la generación de divisas del Estado cubano.

En el comunicado oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que estas medidas forman parte del compromiso de Estados Unidos de "promover la rendición de cuentas del régimen comunista cubano" y de limitar el acceso a recursos financieros obtenidos mediante estructuras que Washington considera responsables de prácticas de explotación laboral, corrupción y evasión de sanciones.

Con este nuevo paquete, la Casa Blanca busca aumentar la presión sobre tres de los principales pilares económicos del régimen: la exportación de servicios médicos, el sector energético y el entramado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas, en una nueva etapa de la política de endurecimiento. 

Todo esto ocurre mientras la isla enfrenta la peor crisis de su historia reciente, con cortes de energía prolongas, desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, así como el recrudecimiento de la represión por las fuerzas del orden y el aumento de las violaciones de Derechos Humanos con los ciudadanos. 

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