El Gran Canal fantasma de Nicaragua: el régimen de Ortega sigue financiando un proyecto inexistente
Informes de ejecución presupuestaria citados en investigaciones recientes indican que el gasto asociado al canal no se limita a partidas simbólicas. En años recientes, se han registrado desembolsos que superan los millones de córdobas anuales, dirigidos principalmente a funcionamiento administrativo.
Un buque de carga cruzando un canal marítimo (Archivo)
El proyecto del Gran Canal de Nicaragua, concebido como una alternativa al Canal de Panamá y presentado en su momento como una transformación económica histórica, continúa generando gasto público a pesar de llevar más de una década paralizado.
Según investigaciones publicadas por medios especializados como América Malls & Retail y recopilaciones de ejecución presupuestaria citadas en distintos informes periodísticos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene asignaciones anuales a la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, la entidad estatal encargada del proyecto, pese a que no existe actividad constructiva desde aproximadamente 2014.
En el último ciclo presupuestario, se habrían destinado más de 250.000 dólares a esta institución, una cifra modesta en comparación con el costo estimado inicial del proyecto —que rondaba los 50.000 millones de dólares— pero significativa por su continuidad en el tiempo y por la ausencia de resultados tangibles.
"La obra invisible": sin maquinaria, pero con presupuesto
La Autoridad del Gran Canal Interoceánico continúa figurando como unidad ejecutora del Estado, con partidas destinadas principalmente a gastos operativos: salarios, funcionamiento administrativo y mantenimiento institucional.
De acuerdo con los datos citados por América Malls & Retail, estos fondos no se traducen en avances físicos ni en infraestructura, sino en la sostenibilidad de una estructura burocrática vinculada a un proyecto paralizado desde hace años.
El organismo fue creado para supervisar la construcción y eventual operación de la vía interoceánica, pero actualmente no existe evidencia de obras en curso ni de inversión privada activa.
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El proyecto que nunca despegó
El Gran Canal fue formalmente impulsado en 2013 mediante la Ley 840, que otorgó una concesión a la empresa china HKND Group, liderada por el empresario Wang Jing. En 2014 se realizaron actos simbólicos de inicio de obras y algunos trabajos preliminares, pero el proyecto se detuvo en medio de dificultades financieras y la posterior crisis bursátil en China entre 2015 y 2016.
Desde entonces, la concesionaria desapareció del panorama operativo y el proyecto perdió interés internacional. Sin embargo, la estructura legal —incluida la autoridad estatal— se ha mantenido vigente.
El peso de la Ley 840 y la incertidumbre territorial
Uno de los elementos más sensibles del caso es la vigencia de la Ley 840, que otorga al Estado la potestad de expropiar tierras en la ruta proyectada del canal. Según organizaciones campesinas y reportes recogidos por medios especializados, esta situación mantiene en incertidumbre a comunidades del sur de Nicaragua y zonas cercanas al Lago Cocibolca.
Diversos análisis señalan que la persistencia de esta legislación genera un escenario de inseguridad jurídica para miles de familias, aun sin avances reales del proyecto.
Presupuesto sin obra
Para 2026, el presupuesto prevé nuevamente recursos para la entidad, lo que confirma la continuidad institucional del proyecto pese a su inactividad técnica.
Vecinos que sí avanzan
Mientras Nicaragua mantiene una estructura administrativa sin obra física, otros países de la región han avanzado en proyectos de infraestructura logística.
Panamá continúa operando y ampliando su canal interoceánico, uno de los principales corredores marítimos del mundo. México, por su parte, impulsa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto ferroviario y portuario con inversión pública y privada en ejecución.
En contraste, el Gran Canal nicaragüense permanece como un proyecto sin construcción, sin concesionario activo y sin horizonte operativo claro.
Sin barcos, pero con oficinas
A más de una década de su anuncio, el Gran Canal de Nicaragua se ha convertido en un caso paradigmático de megaproyecto inconcluso: sin dragas, sin maquinaria, sin trabajadores, pero con estructura administrativa y partidas presupuestarias activas.
El resultado es un esquema en el que la infraestructura no existe en el terreno, pero sí en los registros oficiales del Estado.
El canal que nunca fue
En ausencia de avances concretos, el canal se ha transformado en una infraestructura simbólica: un proyecto que sobrevive no en el territorio nicaragüense, sino en las partidas contables de su propio Estado.
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