La ONU alerta que Nicaragua opera una red transnacional para vigilar y perseguir a sus exiliados
Entre las medidas señaladas figura la retirada arbitraria de la nacionalidad a 452 ciudadanos, además de dejar a miles de exiliados en una situación de apatridia de facto al negarles la renovación de documentos o impedir su regreso al país.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega mantiene una amplia red transnacional de vigilancia, inteligencia e intimidación contra opositores en el exilio, que alcanza a cientos de miles de nicaragüenses fuera del país, según advirtieron este martes expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua describe una estructura estatal diseñada para monitorear, hostigar y atacar a críticos de la dictadura incluso fuera de las fronteras del país.
Según los expertos, esta red estaría sostenida por distintas instituciones del Estado, incluyendo el ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas, bajo el control de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
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Diane Hernández
La represión política del régimen se extiende más allá de Nicaragua
El documento —que será presentado el 16 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra— denuncia que la represión política del régimen se extiende más allá de Nicaragua para perseguir a sus críticos en el extranjero.
Entre las medidas señaladas figura la retirada arbitraria de la nacionalidad a 452 ciudadanos, además de dejar a miles de exiliados en una situación de apatridia de facto al negarles la renovación de documentos o impedir su regreso al país.
El informe también afirma que recursos públicos han sido desviados desde 2018 para financiar esta maquinaria de represión, mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido gobernante.
Garantizar que "nadie -absolutamente nadie- se interponga en el camino del régimen"
"El sistema de represión y la corrupción institucional se han convertido en un método de gobierno en Nicaragua", afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.
Según Simon, la persecución política es financiada por el Estado y ejecutada a través de sus instituciones, con el objetivo de garantizar que "nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen".
El informe también advierte que la persecución contra disidentes en el exilio ha incluido ataques violentos. Al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del gobierno han sido reportados fuera del país.
Entre ellos figura el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y opositor Roberto Samcam.
Para Reed Brody, otro integrante del grupo de expertos, el desvío y mal uso de recursos públicos ha contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
Un mecanismo para exponer los abusos cometidos en Nicaragua desde 2018
El Grupo también instó al Gobierno a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos y a restablecer plenamente los derechos humanos de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones religiosas, además de permitir el acceso al país sin restricciones de los mecanismos internacionales de monitoreo —incluido el Grupo de Expertos— para supervisar el retorno seguro de las personas exiliadas, así como los procesos de justicia y reparación.
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