El FBI arresta a una residente californiana acusada de vender drones y armas iraníes por millones de dólares

Una mujer que vivía en uno de los barrios más prósperos de Los Ángeles fue arrestada el fin de semana pasado acusada de haber operado durante años como intermediaria encubierta del régimen iraní, facilitando ventas de drones, bombas, armas de asalto y munición por valor de millones de dólares en clara violación de las sanciones estadounidenses.

Shamim Mafi, de 44 años y residente en Woodland Hills —un barrio que limita con las montañas de Santa Mónica—, fue detenida el sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Turquía. La detención fue confirmada por Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California.

"Cualquiera que viole las leyes de sanciones de Estados Unidos será procesado con todo el rigor por el Departamento de Justicia", escribió en X.

Según una denuncia federal de 69 páginas, Mafi estableció una empresa fachada llamada Atlas International Business LLC y una entidad similar en Omán, desde donde gestionaba transferencias de armamento entre el régimen iraní y sus compradores. Entre los acuerdos que se le atribuyen figura una venta de drones por más de $60 millones entre Irán y el Ministerio de Defensa de Sudán, país sujeto a sanciones estadounidenses y envuelto en una sangrienta guerra civil.

En los últimos años Irán ha convertido la venta de su tecnología de drones en una fuente de ingresos considerable, comercializando en el mercado internacional el mismo armamento que ha utilizado en el Golfo Pérsico contra objetivos ligados a Estados Unidos e Israel.

Nacida en Irán en 1981, Mafi obtuvo la residencia legal permanente en Estados Unidos en 2016. Según los fiscales, mantenía contactos con miembros de la inteligencia iraní a quienes conocía desde la infancia y coordinaba directamente con altos funcionarios del régimen de Teherán, que ahora está en guerra con EEUU e Israel.

Curiosamente, Mafi no había ocultado del todo sus vínculos. Entre 2021 y 2024 fue entrevistada regularmente por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza cada vez que entraba al país, y en esas entrevistas admitió voluntariamente que su primer marido había sido oficial de inteligencia iraní y que tenía conocimiento de cómo el régimen iraní evadía sanciones y realizaba lavado de dinero. Según los fiscales, aseguró que su trabajo se limitaba a organizar envíos de ayuda médica a países africanos.

Los documentos judiciales, no obstante, indican que Mafi seguía intermediando acuerdos de armas en nombre de Irán tan recientemente como en 2025. Ahora enfrenta cargos por exportación de armas sin licencia y otros delitos relacionados, con una pena máxima de 20 años de prisión.