Detalles exclusivos | El régimen venezolano militariza zonas mineras del estado Bolívar para arrebatárselas a las bandas y abrirlas a la inversión extranjera

El régimen interino de Venezuela que encabeza Delcy Rodríguez desplegó tropas en el sur del estado Bolívar para intentar arrebatarles a las mafias y sindicatos criminales las minas de oro que controlan desde hace años, en una ofensiva que busca despejar el terreno para la inversión extranjera tras una jornada de inspecciones técnicas el lunes en la localidad minera El Callao. El operativo se concentró este martes en la reconocida zona Las Claritas, en el municipio Sifontes, uno de los principales centros de extracción aurífera del país, a más de 200 kilómetros de la frontera con Brasil.

De acuerdo con Bloomberg, que citó al exdiputado regional y político opositor Américo De Grazia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) bombardeó y abrió fuego contra explotaciones auríferas ilícitas bajo control de las bandas criminales en la zona de Las Claritas, lo que obligó a numerosos mineros locales a huir. VOZ, citando fuentes locales que pidieron el anonimato, confirmó lo denunciado por De Grazia y, además, informó durante la jornada que el operativo apunta a desalojar áreas explotadas de forma ilegal durante años. El Grupo Internacional de Crisis (International Crisis Group) dijo haber recibido "numerosos reportes" de actividad militar, y el investigador Bram Ebus señaló que las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a Las Claritas mientras aeronaves sobrevolaban puntos cercanos a los yacimientos. Varios vídeos caseros circularon en redes sociales dando evidencia directa del asunto.

La ofensiva militar venezolana apunta directamente a enfrentar una contradicción que VOZ ya había documentado en un anterior reportaje: mientras el régimen de los Rodríguez negocia en la capital Caracas la apertura del sector aurífero y de minerales preciosos a firmas estadounidenses —al amparo de una ley minera aprobada en abril y de licencias del Tesoro de EEUU que levantaron las sanciones al oro venezolano—, el territorio donde se extrae ese mineral sigue gobernado de facto por estructuras criminales, con la histórica complicidad de las fuerzas armadas y el régimen. El kilómetro 88 y Las Claritas conforman el eje minero bolivarense que, según el mapeo del periodista Fritz Sánchez, quien conversó con VOZ para este reporte, controla el llamado Sindicato de Juancho, en una región donde también operan el infame Tren de Aragua (organización terrorista según las autoridades estadounidenses) y el Tren de Guayana (banda criminal venezolana).

En medio del operativo, en una zona violenta de difícil acceso, proliferaron muchas versiones contradictorias y desinformación. La organización de monitoreo SOS Orinoco, cuya información coincide con lo que VOZ reportó durante el inicio del operativo, confirmó fuertes enfrentamientos en el kilómetro 88 para desalojar a los grupos armados que controlaban el estratégico complejo Las Brisas-Las Cristinas, además de inspecciones a plantas procesadoras en El Callao y movimientos de las estructuras carcelarias que dominan la zona de El Dorado. La misma organización, sin embargo, desmintió tres versiones que circularon con fuerza en redes durante el lunes y martes: que se tratara de un megaoperativo extendido a todo el municipio Sifontes, que hubiera grandes contingentes terrestres —las acciones en el kilómetro 88 se vincularon sobre todo a apoyo aéreo y helicópteros— y, en especial, la supuesta presencia de tropas estadounidenses en Bolívar, un rumor que tomó fuerza el lunes, pero fue desmentido ampliamente por fuentes en el terreno.

Fuentes en El Callao consultadas por VOZ coincidieron con dicha versión. Bajo condición de anonimato aseguraron que no hay contingentes militares estadounidenses resguardando plantas mineras y que una fotografía viral que mostraba vehículos militares de EEUU en la Planta Chocó sería un montaje generado con inteligencia artificial. Lo que sí ocurrió, según esas fuentes, fueron visitas técnicas e inspecciones de comitivas de inversionistas estadounidenses, acompañadas por militares venezolanos. En el entorno minero circulan, además, rumores sobre un eventual resguardo estadounidense de esas instalaciones para dar seguridad a los inversionistas. Al día siguiente, iniciaron los operativos en las zonas mineras con antiguas concesiones y probadas reservas.

Mientras tanto, el saldo humano del operativo es, por ahora, imposible de verificar. Sánchez reportó que en las calles se comenta que los heridos y fallecidos atribuidos a la intervención de la FANB corresponderían a las acciones en la concesión Brisas del Kuyuni, en Las Claritas, aunque advirtió que son versiones no confirmadas. VOZ tampoco pudo verificar de forma independiente si hay heridos y fallecidos. Las zonas mineras del estado Bolívar son prácticamente recónditas y lo poco que se sabe llega a través de locales y trabajadores que arriesgan su integridad al hablar. En el Arco Minero del Orinoco —repartido entre los estados Bolívar, Amazonas y una porción de Delta Amacuro— conviven narcotraficantes, guerrilleros y hampa común con mineros civiles e indígenas en situación de neoesclavitud, por lo que cualquier intervención militar amenaza también a población vulnerable.

Los expertos coinciden en que la duda de fondo es si el despliegue representa un intento real de desmantelar de tajo las estructures criminales que mandan en el Arco Minero o apenas un reacomodo de poder que despeje las zonas con concesiones mientras las bandas se repliegan a otros enclaves. La ausencia de comunicados oficiales —ni el régimen ni la FANB han detallado el alcance ni los objetivos del operativo— mantiene el vacío informativo en torno a la operación. Mientras tanto, organizaciones locales reclaman transparencia y advierten sobre el impacto de los enfrentamientos en las comunidades e indígenas del estado Bolívar.