Reino Unido entregó más de $37.000 millones de los contribuyentes a terroristas, organizaciones criminales y estados hostiles a través de ayudas internacionales y préstamos covid

Un informe secreto elaborado por el Gabinete británico reveló que más de $37.000 millones del dinero de los contribuyentes acabaron, entre 2015 y 2021, en manos de terroristas, estados hostiles y organizaciones criminales.

Según una investigación de The Telegraph, el dossier detalla cómo miles de millones de libras fueron desviados a través de ayudas al desarrollo, préstamos por la pandemia de covid y otros programas públicos. Entre los destinatarios figuran grupos vinculados al Estado Islámico (EI), Rusia, China y redes de crimen organizado.

El documento, que nunca fue hecho público por el anterior Gobierno, muestra que parte del dinero se destinó a empresas ligadas al Kremlin, a terroristas del EI en Siria que recibieron préstamos covid y a investigaciones vinculadas al Ejército chino. También se detectaron pagos a bandas criminales dedicadas al tráfico de personas que cobraron beneficios de vivienda y discapacidad.

Fuentes revelaron al diario británico que durante el anterior Gobierno el informe "nunca se hizo público para evitar al Ejecutivo el bochorno político que supondría revelar el enorme volumen de fondos desviados".

"Es una guerra económica"

Rebecca Harding, del Centro para la Seguridad Económica, señaló que este caso debería servir como "llamada de atención" sobre la importancia de la seguridad económica. "Hemos dado por sentado que todos quieren lo mismo que nosotros. Lo que no habíamos entendido es que, cuando se trata de otros países... [algunos] buscan proyectar su poder económico precisamente de manera que perjudique o socave el nuestro", afirmó.

"Se trata de una guerra económica, y hemos sido muy ingenuos respecto a todo esto", añadió. 

Expertos consultados por The Telegraph indican que parte de estos fondos fueron canalizados de forma deliberada. Fuentes de seguridad mencionaron una red criminal de Europa del Este, respaldada por un Estado hostil, que habría orquestado un esfuerzo coordinado para obtener fondos públicos británicos y facilitar la inmigración ilegal.

Además, se detectaron casos en los que "fondos destinados a programas de contraterrorismo terminaron inadvertidamente en manos de extremistas que defienden una ideología antioccidental".

Fallos graves en los controles

El informe fue encargado en 2023 tras descubrirse el enorme fraude en los paquetes de ayuda por la pandemia. Sin embargo, sacó a la luz problemas estructurales más profundos en los procesos de concesión de subvenciones y la falta de debida diligencia.

Tom Keatinge, del think tank RUSI, fue coautor en 2021 de un informe sobre este problema en el que calificó de "cada vez más perversa" la falta de atención al fraude en el diálogo sobre seguridad nacional y reclamó "un mayor papel de la arquitectura de inteligencia del Gobierno".

Keatinge dijo a The Telegraph que existen "muchos ejemplos" de que el sistema de beneficios se ha convertido en un "ATM para terroristas", aunque reconoció que las agencias que distribuyen los fondos han aumentado su nivel de alerta. Sobre el esquema de préstamos covid, lo describió como "bastante desastroso" y advirtió: "Si hay un vacío legal, cualquiera puede usarlo: criminales, terroristas, cualquiera que quiera ganar dinero rápido". 

Un informe parlamentario posterior reveló que solo durante la pandemia se perdieron más de $14.500 millones por fraude y errores. 

Expertos como el profesor Nicholas Ryder, de la Universidad de Cardiff, consideran "desconcertante" que el Gobierno británico no haya conectado suficientemente el fraude con el financiamiento del terrorismo, a diferencia de países como Estados Unidos o Australia.

"Se trata de una amenaza para la seguridad nacional… Se reconoce la amenaza, pero, lamentablemente, a nivel político, los sucesivos gobiernos no parecen haber establecido esa conexión", señaló Ryder.

Respuesta del Gobierno

Un portavoz del Gabinete Office aseguró que el actual Gobierno está tomando medidas "sin precedentes" contra el fraude público. En el último año, según sus cifras, se han recuperado o ahorrado más de $10.000 millones gracias a una mayor vigilancia y mejores herramientas de detección.

Las autoridades destacaron que, al implementar "mejores sistemas de datos y contratar a más investigadores especializados", ahora están encontrando y "deteniendo este fraude más rápido que nunca antes".