El régimen de Maduro ha secuestrado al menos cinco estadounidenses desde que empezó la presión militar de Trump

El régimen de Nicolás Maduro ha detenido en los últimos meses a al menos cuatro ciudadanos estadounidenses, en un contexto de creciente confrontación con Washington, luego de que la Administración Trump reactivara una estrategia de presión militar y económica contra el chavismo.

Según el New York Times, de acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con el caso, entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos con doble nacionalidad venezolana-estadounidense y dos estadounidenses sin vínculos conocidos con Venezuela. Aunque algunos enfrentarían cargos penales considerados legítimos por las autoridades locales, pero Estados Unidos evalúa declarar al menos a dos de ellos como detenidos injustamente.

Washington sostiene desde hace años que el chavismo utiliza a ciudadanos estadounidenses —culpables o no— como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas. Recientemente, al inicio del segundo mandato de Trump, esta dinámica pareció continuar, luego de que el enviado presidencial para Venezuela Richard Grenell viajara a Caracas para negociar un acuerdo para liberar a varios rehenes estadounidenses.

Como resultado de esos contactos entre Grenell y la dictadura de Maduro, 17 estadounidenses y residentes permanentes del país fueron liberados sin entregar demasiadas concesiones, a diferencia de la Administración Biden, que consiguió liberar a varios ciudadanos estadounidenses tras devolver a familiares y al testaferro de Maduro.

A pesar de las actividades de Grenell, ese canal se cerró abruptamente cuando la Casa Blanca, por orden de Trump, optó por suspender las conversaciones y avanzar con una ofensiva de presión directa contra Maduro. Desde entonces, según fuentes oficiales, el número de estadounidenses detenidos en Venezuela volvió a aumentar.

Este repunte de nuevos secuestrados coincidió con el despliegue de una armada naval estadounidense en el Caribe y el inicio de ataques aéreos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico dirigido por el régimen venezolano. A ello se sumó, este mes, una nueva escalada: Estados Unidos comenzó a interceptar petroleros que transportaban crudo venezolano, afectando de manera directa la principal fuente de ingresos del país.

Uno de los casos más sensibles, según el NYT, es el de James Luckey-Lange, un ciudadano estadounidense de 28 años desaparecido tras cruzar la frontera sur de Venezuela a comienzos de diciembre. El joven, hijo de la cantante Diane Luckey —conocida artísticamente como Q Lazzarus—, habría ingresado al país sin que esté claro si contaba con la visa exigida por la ley venezolana. Su familia asegura no haber recibido información oficial sobre su paradero.

Exdetenidos estadounidenses han denunciado en los últimos meses condiciones de reclusión abusivas, falta de debido proceso y acusaciones sin sustento. Uno de ellos, liberado en julio mediante un canje de prisioneros, afirmó haber sido golpeado y privado de atención básica durante su encarcelamiento. Por ello, el Departamento de Estado ha advertido en reiteras ocasiones que Venezuela no es un lugar seguro para viajar, ubicándolo en Riesgo 4.

Mientras tanto, al menos otros dos ciudadanos con vínculos con Estados Unidos continúan presos en Venezuela, según sus familiares. Para Washington, estos casos refuerzan la acusación de que el régimen de Maduro mantiene presos políticos extranjeros como parte de su estrategia de supervivencia frente a la presión internacional.

La Administración Trump, por su parte, insiste en que la liberación de estadounidenses detenidos injustamente seguirá siendo una prioridad, aun cuando el enfrentamiento con Caracas entre en una fase cada vez más dura.