Un juez federal amenaza con sancionar a California por "engañarle" en el caso del "secreto de género"

El gobernador de California Gavin Newsom ha difamado repetidamente a un juez federal por su nombre, haciéndose eco del Presidente Trump en su historial de diatribas contra los jueces incluso antes de que el actual demócrata empezara a copiar el estilo del exdemócrata en las redes sociales comenzando a insultar con apodos.

El percibido aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia en 2028 puede que vuelva a chasquear la lengua cuando vea la última orden del juez de distrito de EE.S. District Judge Roger Benitez en una demanda contra el mandato del Estado Dorado a los distritos escolares de ocultar a los padres la identidad de género declarada por sus hijos que no coincide con su sexo.

El nominado por el presidente George W. Bush ordenó al fiscal general del estado, Rob Bonta, y al Departamento de Educación de California que "mostraran causa" sobre por qué no deberían ser sancionados por "engañar" a Benítez para que él los retirara de la demanda presentada por maestros que alegan que su distrito escolar les amordazó y padres de "niños incongruentes de género".

El juez ordenó a los demandados estatales que explicaran su comportamiento

Las mociones de los demandados estatales para desestimar y la oposición a la moción de los demandantes para un juicio sumario alegaron que el CDE había "retirado y reemplazado de manera concluyente" una página de preguntas frecuentes que contenía las políticas impugnadas, que según ellos era la "única base" para ser demandados y por lo tanto hacía que el caso fuera discutible, escribió Benítez.

"Sin embargo, las pruebas demuestran que el CDE puede haberse limitado a trasladar el contenido impugnado de la página de preguntas frecuentes a un nuevo módulo de formación 'PRISM' obligatorio", según documentaron los abogados de los demandantes en la Sociedad Thomas More, dijo el juez, ordenando a los demandados estatales que explicaran su comportamiento el 17 de noviembre en el tribunal.

"Desde el primer día, funcionarios desde el distrito escolar local hasta la mansión del gobernador han intentado desviar la responsabilidad", pero "ahora han sido sorprendidos no sólo mintiendo a los contribuyentes de California, sino intentando engañar al Tribunal para eludir su responsabilidad", dijo el vicepresidente ejecutivo de la TMS, Peter Breen, en un comunicado.

Preguntada por su respuesta a las acusaciones, la oficina de Bonta dijo a Just the News que se pusiera en contacto con "nuestro cliente" CDE si tenía preguntas, a pesar del hecho de que el nombre de Bonta está por todas partes en los archivos del expediente. El CDE no respondió a la consulta.

Impugnación de las llamadas políticas de secreto de género

Es el último revés para los responsables estatales en el caso, en el que Benítez se ha puesto repetidamente del lado de los demandantes.

El mes pasado certificó una clase y cuatro subclases para impugnar las llamadas políticas de secreto de género, denegó las mociones de desestimación de los demandados estatales y del distrito escolar de los demandantes originales y protegió a esos profesores de recriminaciones después de que demandaran. Benítez también considerará mociones de juicio sumario en una audiencia la próxima semana.

Supuestamente dijo a los profesores que la ley federal significa lo contrario de lo que dice

La sociedad presentó una solicitud de sanciones el viernes, señalando a una Consejo de la Familia de California artículo Nov. 3 sobre la nueva capacitación de maestros que incluye una captura de pantalla de una diapositiva con "lenguaje muy similar a la página de preguntas frecuentes" que el CDE retiró.

El artículo enlaza a una grabación de un formación PRISM, a la que denomina "Prueba de lealtad LGBTQ", que CFC describe como parte de un plan de estudios exigido por la Ley de Escuelas Seguras y Solidarias de California, desarrollado en consulta con grupos de defensa LGBTQ, entre ellos la ACLU, el Proyecto Trevor y la Asociación de Maestros de California.

La formación, a la que algunos miembros del consejo escolar y padres dijeron a CFC que tuvieron problemas para acceder en su totalidad, dice que las escuelas no pueden revelar que un estudiante es "LGBTQI+ a nadie sin su permiso, incluidos sus padres", y que los estudiantes "tienen derecho a controlar hasta qué punto y a quién" se revela su identidad de género.

El personal no puede decir a los padres si sus hijos se identifican como del sexo opuesto

La ley explicita que el personal de los centros escolares no puede decir a los padres si sus hijos se identifican con el sexo opuesto, porque siguen teniendo "una expectativa razonable de privacidad" incluso si son abiertos sobre su identidad de género en la escuela. Las escuelas sólo pueden revelar esto a los padres en "circunstancias limitadas", tales como "cuestiones relacionadas con la seguridad o el bienestar".

CFC dijo que la formación también caracterizó falsamente la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia en una prueba al final de la formación, alegando que prohíbe a las escuelas compartir la identidad de género de un niño con los padres cuando FERPA en realidad "protege el derecho de los padres a acceder a los registros de sus hijos, no el derecho del Estado a retenerlos".

La solicitud de sanciones dice que los demandantes obtuvieron "otro breve vídeo" que muestra al Superintendente de Instrucción Pública Tony Thurmond "introduciendo la formación PRISM", cuya redacción sigue de cerca el énfasis de la página original de preguntas frecuentes sobre "raras excepciones" y una "necesidad específica y apremiante de saber" para revelar la identidad de género.

Los demandados estatales se negaron incluso a especificar lo que significa "necesidad de saber" en sus respuestas a las peticiones de los demandantes, conocidas como interrogatorios, dice la solicitud.

"Un intento atroz de engañar al Tribunal"

"No es posible especular sobre cada escenario potencial en el que podría estar justificado revelar la condición de no conformidad de género de un alumno" sin permiso, escribieron los demandados estatales, confluyendo el rechazo de los estereotipos sexuales con la identificación como el sexo opuesto. Necesitarían "hechos específicos" para decidir si la revelación no consentida estaba justificada.

Al trasladar el contenido amordazador "a una nueva ubicación, de difícil acceso para los demandantes, pero que todos los profesores tendrían que leer en última instancia," los demandados estatales han cometido "un atroz intento de engañar al Tribunal", dice la demanda.

Mientras que la retirada de la página de preguntas frecuentes dejaba a los distritos escolares "en un estado de ambigüedad" en lugar de confirmar que podían revelar la identidad de género a los padres sin el permiso de los alumnos, los demandados estatales trataron de jugar a dos bandas, "diciendo afirmativamente a los distritos escolares que las Políticas de Exclusión Parental eran legalmente obligatorias, mientras argumentaban ante este Tribunal la impugnabilidad."

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