ANÁLISIS
Sí América, los demócratas de verdad quieren impuestos para los inmigrantes ilegales
La propia propuesta de los demócratas pretende derogar la sección de la ley One Big Beautiful Bill que acaba con la asistencia sanitaria a los extranjeros.
Jeffries y Schumer en la Casa Blanca
En la medianoche del martes, el Gobierno cerró. Antes de la fecha límite, los republicanos aprobaron su propuesta presupuestaria en la Cámara de Representantes, pero los demócratas del Senado, junto con el senador republicano Rand Paul de Kentucky, la rechazaron por 55 votos a 45.
Aunque los republicanos lo han calificado como el "cierre de Schumer,", las acusaciones comenzaron hace meses, cuando se iniciaron las negociaciones para evitar el enfrentamiento presupuestario.
La claridad del deseo de los demócratas de dar a los inmigrantes ilegales asistencia sanitaria gratuita es abundante, como lo demuestra que todos y cada uno de los candidatos demócratas levantaron la mano con entusiasmo en apoyo de la política en el debate presidencial de la NBC de junio de 2019. En la práctica, se ha convertido más bien en un juego de trileros.
Cómo funciona el juego de la cáscara: Canalización de dólares federales a través de los estados
Algunos estados, a menudo liderados por demócratas, están estirando los límites de las normas federales de Medicaid para extender la cobertura a ciertos inmigrantes que no están totalmente "cualificados" bajo la ley, efectivamente desviando dólares federales hacia grupos legalmente considerados no elegibles.
The New York Times emitió su propio "fact check", que admitía vagamente que "por separado, el Gobierno federal sí reembolsa a los hospitales por proporcionar atención de emergencia a inmigrantes no autorizados de bajos ingresos que de otro modo no son elegibles para Medicaid."
Los fondos en cuestión están destinados a Medicaid, que se supone que sólo es para inmigrantes presentes legalmente, como refugiados y titulares de la tarjeta verde. Los republicanos señalan que los servicios de emergencia, accesibles a todos, incluidos los inmigrantes ilegales, inflan estos costes, y argumentan que los solicitantes de asilo que entraron durante el mandato de Biden no están en Estados Unidos de forma legal.
Además, a los republicanos les preocupa que el proyecto de ley destine 8.000 millones de dólares a hoteles para inmigrantes. El matiz es que los fondos apoyan ostensiblemente una aplicación más amplia de la ley federal, incluidas las instalaciones del ICE que detienen tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, con una cantidad de dinero asignada específicamente, esto inevitablemente desvía recursos hacia gastos relacionados con la inmigración y los aleja de los residentes legales y ciudadanos.
$27.000 millones en servicios de emergencia de Medicaid para personas que no eran elegibles
Para aclararlo, el senador Joey Arrington, republicano de Texas, que preside el comité de Presupuestos del Senado, envió una lista de consultas a la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO). El informe de la agencia respuesta se registró en su página web gubernamental y aclaró quede 2017 a 2023, los gobiernos federal y estatales gastaron un total de 27 mil millones de dólares en servicios de emergencia de Medicaid para personas que eran inelegibles para la cobertura completa de Medicaid debido a su estatus migratorio. La parte federal de esa factura es de poco más de 18.000 millones de dólares.
La carta aclara además que, en virtud de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (Ley Pública 104-193), "la elegibilidad para muchos programas de beneficios federales -incluido Medicaid- se ha limitado generalmente a los "extranjeros calificados", tal como se definen en esa ley. Este grupo incluye a los residentes permanentes legales (también conocidos como titulares de la tarjeta verde), asilados, refugiados y personas en libertad condicional en Estados Unidos durante un año o más. Por lo general, estas personas tienen derecho a participar en Medicaid integral tras un periodo de espera de cinco años, que puede no aplicarse a personas de algunos grupos, como los asilados y los refugiados."
En palabras de los propios demócratas
Con los demócratas desmintiendo estas afirmaciones, varios legisladores han aclarado la situación en sus cuentas de las redes sociales. El representante Mark Alford, republicano de Minnesota, publicó páginas de la propia propuesta de los demócratas con una sección resaltada titulada "Sec. 71109. Elegibilidad de los extranjeros para Medicaid". También mostró la parte de la Ley One Big Beautiful Bill que pone fin a la asistencia sanitaria para extranjeros, que los demócratas han prometido derogar en su propuesta.
El representante Tom McClintock, republicano de California, lo desglosó en dólares y céntimos a Just The News: "Los demócratas del Senado están bloqueando ese proyecto de ley. ¿Qué piden? Un billón y medio de dólares en nuevos gastos. Eso son unos 12.000 dólares por hogar".
Mientras tanto, una coalición de 20 estados liderados por demócratas más el Distrito de Columbia están demandando al DOJ de la administración Trump por una nueva política que prohíbe que las Subvenciones Byrne de Asistencia Judicial financien servicios legales para extranjeros ilegales (en vigor desde el 31 de octubre, con aplicación retroactiva). Liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta (aunque presentada en el tribunal federal de Rhode Island), la demanda argumenta que la norma viola, entre otras cosas, la Cláusula de Gasto de la Constitución, y que la nueva norma de la administración Trump que bloquea las subvenciones federales para la lucha contra el crimen para cubrir la ayuda legal a extranjeros ilegales es inconstitucional.
Sin embargo, la respuesta de la administración Trump ha sido que tienen el mandato de impedir que los contribuyentes financien servicios para inmigrantes ilegales, ya sean médicos o legales, aplicando la ley de inmigración, y redirigiendo los recursos a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes legales.
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