El Tribunal de apelaciones falla a favor de la EPA, permitiendo la cancelación de subvenciones ambientales
"No es probable que los beneficiarios tengan éxito en cuanto al fondo porque sus reclamaciones son esencialmente contractuales y, por tanto, la jurisdicción corresponde exclusivamente al Tribunal de Reclamaciones Federales", escribió la juez Neomi Rao.

La sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en Washington, DC, el 29 de junio de 2022.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington DC falló el martes a favor de la Agencia de Protección Ambiental, permitiéndole cancelar 20.000 millones de dólares en subvenciones climáticas de la administración Biden.
Se espera que los beneficiarios de las subvenciones recurran la decisión, informó POLITICO.
La juez Tanya Chutkan, del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió en abril una orden judicial contra el administrador de la EPA, Lee Zeldin, por considerar que había violado la ley y la Constitución. La medida cautelar de Chutkan fue suspendida mientras la EPA apelaba, impidiendo que se retiraran fondos de las cuentas del Citibank en las que estaba depositado el dinero del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero.
El tribunal de apelaciones, en una decisión dividida, revocó la sentencia de Chutkan, afirmando que no debería haber emitido la orden judicial.
"No es probable que los beneficiarios tengan éxito en cuanto al fondo porque sus reclamaciones son esencialmente contractuales y, por lo tanto, la jurisdicción corresponde exclusivamente al Tribunal de Reclamaciones Federales", escribió la jueza Neomi Rao, a la que se unió el juez Gregory Katsas. Ambos jueces son designados por Trump.
"Y aunque el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre la demanda constitucional de los concesionarios, esa demanda carece de mérito", continuó Rao. "Además, las equidades favorecen fuertemente al gobierno, que en nombre del público debe garantizar la supervisión y administración adecuadas de este fondo multimillonario".
La jueza Nina Pillard, designada por Obama, disintió del resto del panel, alegando que la opinión de la mayoría llegó a "la conclusión equivocada en cada paso de su revisión" y que las investigaciones "espurias" de la administración Trump sobre el GGRF se llevaron a cabo para cometer un "sabotaje" de la IRA.
Zeldin, con la terminación de las subvenciones, ha alegado que algunos de los beneficiarios del GGRF no estaban calificados para recibir las grandes sumas, que los grupos tenían conexiones con prominentes demócratas o funcionarios de la administración Biden, y que los funcionarios de Biden limitaron la supervisión de los gastos por parte de la EPA antes de dejar el cargo. El administrador de la EPA ha argumentado que esas preocupaciones llevaron ampliamente a la necesidad de poner fin a todo el programa, que había desembolsado 3.000 millones de dólares antes de que se congelaran los fondos.
En los tribunales, la administración Trump ha argumentado que las terminaciones de subvenciones equivalen a un incumplimiento de contrato, lo que significa que debe ser escuchado por un tribunal específico, el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos. Katsas y Rao se mostraron de acuerdo con el argumento del gobierno.
Ese tribunal podría tardar al menos un año en dictar sentencia, lo que algunos beneficiarios de subvenciones afirman que será demasiado tarde, ya que tendrán que cerrar sus puertas mucho antes. La opinión mayoritaria rechaza este argumento.
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"La EPA puso fin a las subvenciones porque le preocupaba la integridad del proceso de concesión", escribió Rao. "Mientras se resuelve el litigio, es posible que los beneficiarios tengan que reducir sus operaciones o volver al estado operativo que tenían antes de recibir los fondos federales. Aunque esto causa algún daño, el daño es fácilmente compensable a través de daños y perjuicios y por lo tanto no es irreparable."
La sala no levantará formalmente la medida cautelar de Chutkan hasta que los beneficiarios de las subvenciones hayan tenido la oportunidad de presentar una petición de nueva vista ante todo el tribunal de apelaciones.
Un portavoz del Fondo Clima Unido, que es uno de los beneficiarios del GGRF, dijo que están considerando la posibilidad de solicitar la revisión ante el pleno del tribunal, que tiene una mayoría de jueces de designación demócrata.
"Aunque estamos decepcionados por la decisión del tribunal, nos mantenemos firmes en los méritos de nuestro caso: La EPA congeló y canceló ilegalmente fondos que estaban legalmente comprometidos y desembolsados", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de Climate United, Beth Bafford.