Díaz-Canel condiciona la ayuda de 100 millones de dólares de EEUU y exige el fin de las sanciones

La cúpula del poder en Cuba ha roto su silencio tras el anuncio oficial del Departamento de Estado sobre un paquete de asistencia directa de 100 millones de dólares para la población de la isla.

Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta en X, respondió a la propuesta estadounidense manteniendo la línea retórica de confrontación, aunque sin cerrar de manera definitiva la puerta a los suministros.

La oferta de Washington, impulsada por el Secretario de Estado Marco Rubio, tiene como condición innegociable que los recursos sean gestionados por organizaciones independientes, como la Iglesia Católica, para evitar que el Partido Comunista desvíe los bienes hacia sus propias élites.

Díaz-Canel, sin embargo, ha calificado el gesto como una contradicción de un gobierno que, según sus palabras, "castiga colectivamente" a los cubanos de manera "despiadada".

La exigencia de levantar el "bloqueo" como prioridad

En su respuesta, Díaz-Canel evitó comprometerse con el mecanismo de distribución independiente propuesto por la administración Trump. En su lugar, sugirió que la vía más "fácil y expedita" para resolver la crisis humanitaria que atraviesa el país no es el envío de donaciones, sino el levantamiento de las supuestas sanciones económicas.

El mandatario cubano afirmó que la situación de escasez en la isla es "fríamente calculada e inducida" por las políticas de Washington. No obstante, admitió que las carencias actuales tienen prioridades críticas que coinciden con el contenido de la oferta estadounidense: combustible, alimentos y medicinas.

"Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba", expresó el líder del régimen.

Esta mención a las "prácticas reconocidas" suele interpretarse en el lenguaje diplomático de La Habana como una exigencia de que el Estado cubano mantenga el control sobre la logística y el destino de los cargamentos.

El papel de los intermediarios

Uno de los puntos de mayor fricción en esta negociación es quién entregará la ayuda. La Casa Blanca ha sido enfática en que el dinero y los bienes deben distribuirse en coordinación con la Iglesia Católica y otras instituciones que no respondan a las directrices del régimen.

El objetivo de Washington es impedir que la ayuda termine en los almacenes estatales o en el mercado negro operado por las fuerzas militares.

Díaz-Canel respondió a este punto asegurando que la experiencia de trabajo de su gobierno con la Iglesia Católica es "rica y productiva".

Con esta afirmación, el régimen intenta neutralizar el argumento estadounidense de que se necesitan canales externos por falta de confianza en las instituciones oficiales. 

La administración estadounidense, por su parte, mantiene que el sistema comunista es una estructura "corrupta e incompetente" que ha condenado a los ciudadanos a la indigencia.

La oferta de 100 millones de dólares busca empoderar directamente al ciudadano cubano frente a un Estado que controla cada aspecto de la distribución básica.

El tablero diplomático queda ahora en una fase de definiciones técnicas. Mientras EEUU sostiene que la decisión de salvar vidas "recae en el régimen", La Habana responde que no habrá obstáculos siempre que se respeten sus protocolos.