Una coalición de 20 estados demanda a la Administración Trump por supuestamente restringir el acceso a programas de salud, educación y servicios sociales

(The Center Square) - California, Arizona, Nevada, Colorado y Washington forman parte de una coalición de 20 estados que ha demandado a la Administración Trump por restringir el acceso a programas de salud, educación y servicios sociales.

La demanda sostiene que el gobierno federal está yendo demasiado lejos al exigir registros de inmigración y ciudadanía.

Los fiscales generales demócratas de los estados advierten de que las nuevas normas amenazan el programa Head Start para niños de 5 años y menores, el Título IX de planificación familiar, la educación de adultos, los programas de salud mental y abuso de sustancias, los centros de salud comunitarios y los refugios para jóvenes en situación de riesgo y supervivientes de violencia doméstica.

La demanda señalaba que antes nunca se exigía a las personas hambrientas que mostraran un documento de identidad expedido por el gobierno para entrar en un comedor social o un banco de alimentos y que los padres nunca tenían que mostrar los documentos de ciudadanía o inmigración de sus hijos antes de inscribirlos en Head Start.

"Las personas que se enfrentan a la falta de vivienda o a la violencia doméstica nunca han necesitado una prueba de su estatus migratorio para entrar en un albergue", señala la demanda.

El 10 de julio, los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Trabajo y Justicia de EE.UU. reinterpretaron la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo para restringir los fondos federales para las personas que no pueden verificar su estatus migratorio. La oficina del fiscal general de Arizona, Kris Mayes, dijo que la decisión es un cambio importante respecto a anteriores administraciones republicanas y demócratas.

"Este es otro indignante intento de esta administración de burlar la ley e interrumpir servicios críticos de los que los arizonenses dependen todos los días", dijo Mayes en un comunicado de prensa..

Rhode Island, Washington y Nueva York lideran la demanda, que fue presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para Rhode Island. Además de California, Colorado, Nevada y Arizona, el resto de la coalición está formada por Connecticut, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

"El Congreso diseñó estos servicios para que fueran ampliamente accesibles a las personas en este país. Pero ahora la administración Trump quiere hacer un control de inmigración mientras los preescolares se presentan en el aula, listos para aprender su abecedario", dijo el fiscal general de Washington, Nick Brown, en un comunicado de prensa. "Estos avisos imponen requisitos inviables a las agencias estatales y proveedores que están claramente destinados a dañar estos sistemas de apoyo vital e intimidar a las personas vulnerables."

El fiscal general de California, Rob Bonta, advirtió que la "última salva de la campaña antiinmigración antihumana del presidente" de la administración Trump se dirigiría contra las madres trabajadoras y sus hijos pequeños. Bonta dijo que el gobierno federal no va tras el despilfarro, el fraude y el abuso, sino contra los programas que brindan asistencia esencial de cuidado infantil, atención médica, nutrición y educación.

"La abrupta reversión de la Administración Trump de casi tres décadas de precedentes -y la decisión de poner en riesgo no solo el apoyo a las familias indocumentadas, sino en última instancia a las familias que dependen de estos programas en todo el país- es cruel, pero lamentablemente no sorprendente", dijo Bonta en un comunicado de prensa. "También lo es su falta de respeto por la ley. A los seis meses de la segunda Administración Trump, repetiré un estribillo conocido:Veremos al presidente Trump en los tribunales."

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