Los republicanos lanzan una doble ofensiva para acabar con la ventaja de los estados azules por el recuento de inmigrantes ilegales en el censo

Donald Trump y sus aliados emprendieron una doble ofensiva censal que podría eliminar un gran mecanismo electoral y de financiación federal para los estados azules: los inmigrantes ilegales.

La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, anunció que su oficina pidió a los tribunales que prohíban al Gobierno federal contabilizar a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país a la hora de determinar la representación en el Congreso y la financiación federal, una medida que, argumentó, podría cambiar el equilibrio de poder político entre los estados establecido hace décadas.

En una entrevista en el programa Just the News Not Noise, Hanaway anunció que Missouri presentó una demanda impugnando la actual política del censo, que cuenta a todas las personas que residen en Estados Unidos a efectos del reparto del poder.

"Confiamos en que la Oficina del Censo va a empezar a planificar un censo de 2030 en el que no contemos a los inmigrantes ilegales", dijo Hanaway. "Pero vamos a tener un nuevo presidente en 2028 y no podemos estar seguros de que vaya a actuar correctamente. Así que si logramos obtener una orden judicial, entonces sí será permanente".

¿Cuentan los inmigrantes ilegales en el censo estadounidense?

La demanda reaviva un debate que se intensificó con la primera Administración Trump. El presidente buscó excluir a los inmigrantes que se encontraban en el país ilegalmente de los cálculos de prorrateo tras el censo de 2020, una política revertida luego con Joe Biden.

En agosto de 2025, Trump ordenó un nuevo Censo de EEUU que no contase a los inmigrantes ilegales. Hanaway argumentó que la Constitución tenía la intención de que se numerara a los ciudadanos y a los residentes permanentes legales. "Creemos que tanto los Padres Fundadores como las decisiones judiciales posteriores tuvieron la intención de que se considerara a las personas que estaban legalmente de forma permanente en los Estados Unidos", dijo. "Desde luego, nunca se pretendió incluir a los inmigrantes ilegales".

Argumentó, asimismo, que excluir a esas personas podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso.

"Sólo a partir de nuestra demanda, proyectamos que entre 11 y 14 escaños se moverán de lugares como Nueva York y California a lugares como Missouri, Tennessee y Georgia", dijo Hanaway. "Tendrá un impacto en quién controla el Congreso y quién gana la Presidencia".

La fiscal general reconoció que el camino legal podría ser largo y desembocar en última instancia en el Tribunal Supremo. Missouri busca un fallo que modifique el censo de 2030, aunque admitió que sería "difícil".

"Este es un caso que realmente podría durar un par de generaciones", dijo. "Y cuando lo combinas con Luisiana, puede marcar la diferencia sobre quién dirige este país". Luisiana y otros estados demandaron en enero de 2025 a la Oficina del Censo por la "regla de residencia". La demanda se centra en la exclusión de los no ciudadanos de los recuentos previos al prorrateo.

De momento, el Supremo está sopesando otro caso de redistribución de distritos: Louisiana vs. Callais.

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