Un tribunal de apelaciones determina que los inmigrantes ilegales pueden permanecer detenidos sin audiencia de fianza
La decisión supone una victoria judicial para la Administración Trump, al permitir que determinados inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país permanezcan bajo custodia mientras se tramitan sus procesos de deportación.
El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó este viernes 23 de octubre que los inmigrantes que nunca fueron admitidos legalmente en Estados Unidos no tienen un derecho constitucional a una audiencia de fianza para solicitar su liberación mientras enfrentan procedimientos de deportación.
Según informó <span>Just the News</span>, el fallo representa una importante victoria para la política migratoria del presidente Donald Trump, cuya Administración ha defendido la detención obligatoria de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
¿Qué significa la decisión?
Una audiencia de fianza permite que un juez de inmigración evalúe si una persona detenida puede quedar en libertad mientras se resuelve su situación migratoria, teniendo en cuenta factores como el riesgo de fuga o el peligro para la comunidad.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que, bajo la sección 1225(b)(2)(A) de la legislación migratoria, las personas que no han sido admitidas legalmente pueden permanecer detenidas sin que sea obligatorio celebrar esa audiencia, incluso cuando llevan años viviendo en Estados Unidos.
El tribunal también consideró que la duración de la detención, por sí sola, no constituye una vulneración constitucional que justifique ordenar la liberación en los casos examinados.
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Las demandas de tres inmigrantes
El caso surgió de las demandas de tres inmigrantes —dos mexicanos y un hondureño— que habían vivido durante años en Estados Unidos y fueron detenidos por las autoridades migratorias. Tribunales inferiores habían ordenado su liberación, pero el Quinto Circuito revocó esas decisiones.
El fallo refuerza la capacidad del Gobierno federal para mantener bajo custodia a determinados inmigrantes durante sus procesos de expulsión. No significa, sin embargo, que todas las personas sin estatus legal pierdan automáticamente el derecho a solicitar una audiencia de fianza, ni elimina la posibilidad de presentar otras impugnaciones judiciales.
La decisión llega en medio de una disputa entre tribunales federales sobre el alcance de las facultades de detención del Gobierno. La Corte Suprema ya había aceptado revisar la controversia, por lo que el criterio definitivo a escala nacional continúa pendiente.
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