Calles desoladas, cientos de detenciones y centros migratorios improvisados: las redadas del ICE atemorizan el Doral y su comunidad hispana

Desde hace más de un mes, las calles del Doral, una localidad de Miami-Dade conocida por su fuerte presencia hispana, lucen a niveles que muchos comparan con el peor momento de la pandemia en 2020. Casi desoladas, como un futuro distópico, con negocios cerrados y pocas personas circulando, muchos inmigrantes —la mayoría sin estatus migratorio claro, pero con un caso en proceso que les da la posibilidad de permanecer, a priori, en EEUU— han decidido resguardarse en sus hogares, sin asomar cabeza, dejando sus trabajos y estudios de lado debido a las intensas redadas del ICE en todo el sur de la Florida.

Solo en los últimos días, VOZ pudo conocer varios casos donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas intercedió rápidamente para detener a inmigrantes hispanos que estaban manejando, cargando combustible, yendo al trabajo o llevando a sus hijos al colegio. El patrón se repite en prácticamente todo el sur de la Florida y varios estados del país. La comunidad venezolana, que representa un grueso importante de la totalidad de los habitantes del Doral, ya célebremente conocido como "Doralzuela", ha sido la principal afectada en esta zona. Y decenas de venezolanos han acudido a los medios de prensa para hablar de lo que consideran un trato injusto y cruel.

"Lo que más me duele a mí es la incertidumbre, el miedo, no saber cuándo lo voy a poder sacar de allí", dijo Karla Rincón, cuyo padre fue detenido cuando se dirigía al trabajo. "El saber que él allá está pasando cosas muy difíciles y aun así nosotros acá tenemos que seguir saliendo a luchar para poder estar con él... pero aun así con el miedo de que también nos pueda pasar eso a nosotros". No es el único caso y, de hecho, ante el temor, muchos migrantes optan por ni siquiera conducir.

"Quieren que los lleve a sus hijos al colegio, que lleve a la mamá al trabajo, que los lleve a ellos al trabajo porque no quieren conducir", dijo Lisbeth Lovo, una conductora venezolana de servicios de viajes compartidos y residente del sur de Florida.

Si bien no hay un número certero ni oficial sobre las detenciones en el Doral, Florida es el segundo estado del país con el mayor número de arrestos acumulados desde enero hasta ahora, con 29,624, solo superado por Texas, con 63,404. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Miami es la ciudad de Florida que lideró los arrestos de ICE, con 4,862 entre esos meses, seguida por Orlando con 3,680 y Tampa con 3,271. En el Doral, aunque no se ha llegado a esas cifras al ser una ciudad mucho más pequeña, las detenciones se ubican en decenas, con múltiples casos de detenciones de inmigrantes que tienen casos de asilo abiertos y sin antecedentes criminales, según afirmaron a VOZ el abogado migratorio Andrés Rojas, quien vive en la ciudad, y el propio concejal del Doral Rafael Pyneiro, que ha venido denunciando lo que considera atropellos "inhumanos" contra inmigrantes y "familias honestas" que no han quebrantado la ley.

"Muchas de estas personas tienen casos de siete, diez, quince años esperando a ser atendidos en una corte migratoria. Todavía están en esa espera y no es culpa de ellos", dijo Pyneiro en conversación con VOZ. "Le estás diciendo a las personas que vienen haciendo lo correcto todos estos años, que vienen pagando impuestos, que vienen contribuyendo a nuestra economía; 'te estoy tratando como un criminal'".

El concejal remarcó que se trata de un fenómeno inédito en el país: "Eso nunca se había vivido en una Administración pasada. Es la primera vez que se está trabajando o están deteniendo personas con este tipo de procesos migratorios. Es una cosa que no se había visto antes".

Los casos que Pyneiro y Rojas recogen exponen la difícil situación que enfrenta un inmigrante detenido, que padece la incertidumbre de un proceso que no está estandarizado, y que depende, en gran medida, de un juez migratorio contratado por la Administración Trump, cuyo objetivo político es llevar adelante una campaña de deportaciones masivas. Además, también sufre un duro golpe al bolsillo —contratar un abogado puede salir fácilmente entre 80 y 200 dólares la hora y una fianza de salida puede ir desde los $6.000 hasta los $12.000.

Todo esto sucede en medio de un vacío legal, que explicó el abogado Rojas también en conversación con VOZ: "Esa solicitud de asilo pendiente, mientras está en ese proceso, no les da a los migrantes un estatus definido. Sin embargo, en teoría, no les da tampoco ilegalidad. Entonces, hay una especie de vacío legal ahí en la norma y eso complejiza aún más la situación".

Rojas también explicó un matiz clave: "Hay que aclararlo porque hay detenciones penales o criminales, y la de migración es una detención civil". Es decir, para el migrante detenido existe una distinción que debería implicar, en teoría, condiciones diferentes a las de alguien detenido por un crimen. Sin embargo, el propio abogado remarcó que muchos migrantes quedan privados de su libertad por un tiempo indefinido mientras su caso avanza, así nunca haya cometido ningún crimen.

Por eso las redadas están atemorizando el Doral y muchos aún prefieren quedarse en sus casas antes que exponerse a un proceso tortuoso, desesperante y que puede llevarte a la ruina económica o de vuelta a Venezuela, un país donde la represión continúa, con más de 300 presos políticos tras las mazmorras, y donde la crisis económica y energética está reluciendo nuevamente, especialmente tras los terremotos gemelos que dejaron más de 6.000 víctimas según cifras oficiales.

Conflicto político entre el Gobierno federal y los aliados locales

La situación en el Doral y toda la Florida ha generado un enfrentamiento directo entre la Administración Trump y algunos congresistas republicanos del Sunshine State que ven con mucha preocupación las redadas del ICE.

La voz más contundente fue la de María Elvira Salazar, representante por el distrito 27 de Florida, quien desafió al presidente Trump sobre su política migratoria, advirtiéndole que en muchos casos las autoridades migratorias se habían sobrepasado y que no había que confundir a las familias hispanas con los inmigrantes ilegales con antecedentes. Salazar fue una de las congresistas que impulsó el Proyecto de Ley Dignidad, una propuesta de reforma migratoria bipartidista que fue criticada en los círculos MAGA y que daba un camino hacia la legalización para millones de inmigrantes sin un estatus claro.

"Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos", dijo Salazar en un anuncio, sosteniendo que en julio el 50% de las personas detenidas por el ICE no tenía condenas penales ni causas pendientes. "Tenga cuidado con lo que sus asesores le dicen sobre la política de inmigración".

El Departamento de Seguridad Nacional respondió duramente a la congresista en un comunicado enviado a Fox News: "Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Mullin, NO habrá amnistía para los extranjeros ilegales. Ni ahora ni nunca. El DHS está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más HISTÓRICA en la historia de Estados Unidos, tal como lo prometió el presidente Trump". Aunque, 24 horas después, el propio Trump matizó la respuesta de su Administración a la crítica de Salazar, dejando entrever que no tiene problema alguno con la congresista aunque no coincidan en el asunto migratorio.

"Ella es una buena persona. Yo la hice ganar", dijo. "María ganó únicamente gracias a mí. Así que se volvió un poco más blanda en la frontera; lo entiendo. Lo entiendo. Pero yo simplemente no estoy ahí".

A pesar de la insistencia del Gobierno federal en su campaña de deportaciones, el anuncio de Salazar llega en un momento político delicado. Su distrito, donde Trump arrasó en 2024 y ella ganó cómodamente, se ha vuelto muy competitivo según las encuestas recientes, lo que significa una pésima noticia para los republicanos, quienes pretenden mantener el control de ambas Cámaras y ahora ven cómo su dominio en Florida o Texas puede ir mermando por el descontento de los hispanos. Pyneiro coincide en esa lectura: "Tenemos un proceso electoral en noviembre, donde sin duda alguna el Partido Republicano de seguir así se va a estar en muchos problemas".

En medio del recrudecimiento de las redadas, Pyneiro se reunió con un grupo de abogados de inmigración de la ciudad para documentar los casos que estaban viendo, y con esa información armó un informe que envió al Congreso de Estados Unidos en septiembre de 2026, con datos concretos —no solo una carta de reclamo genérica— sobre inmigrantes del Doral con casos de asilo pendientes que fueron detenidos pese a no tener antecedentes penales. El concejal comentó a VOZ que el Gobierno federal está al tanto del asunto y que congresistas y senadores de la Florida, entre ellos la oficina del senador Rick Scott, están ayudando a abordar la situación para que las cosas empiecen a calmarse y volver a la normalidad.

El Doral es una comunidad que Trump, justamente, visitó en marzo de 2026, apenas dos meses después de la captura de Maduro en Caracas, siendo recibido con los brazos abiertos. Históricamente, las comunidades venezolanas y cubanas han respaldado fuertemente al presidente y a los republicanos por su oposición a los regímenes comunistas de la región. Sin embargo, debido a su acercamiento a la jerarca chavista Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, y su política migratoria de mano dura, el electorado venezolano en EEUU ha sufrido dos golpes seguidos a manos del presidente que respaldaron por amplio margen en los últimos ciclos electorales.

Un proceso tortuoso

El vacío legal que describió Rojas, y que la Administración Trump aprovecha para sostener sus detenciones, se traduce, en la práctica, en un recorrido confuso incluso para quienes nunca cometieron un delito. La mayoría de los detenidos del Doral pasan primero por el centro de Miramar, un lugar improvisado pensado para estadías de apenas 12 horas dentro del sistema de ICE, pero donde muchos terminan hacinados tres, cuatro, cinco días e incluso semanas para los peor afortunados. Desde allí, algunos son trasladados a Krome, en Miami, un centro que Rojas describe casi como una excepción dentro del sistema: "Puedes decir que es como el resort de los centros de detención", con camas, televisión y tablets para videollamadas. El contraste es mucho mayor con los centros de Texas, Luisiana, Oklahoma y Arizona, donde antiguas cárceles fueron reacondicionadas con celdas reales y las condiciones para los detenidos son más severas.

A eso se suma un problema estructural que preocupa a Rojas y otros abogados migratorios. Según comentó el letrado a VOZ, los jueces de inmigración no forman parte del Poder Judicial independiente, sino que dependen administrativamente del Ejecutivo. "Estos jueces dependen 100% del área ejecutiva. Le reportan al fiscal general, y el fiscal general le reporta a Donald Trump", dijo, y aseguró conocer casos de jueces destituidos "sencillamente porque no cambiaron una decisión que a ellos no les parecía".

Esa dependencia, sumada a la contratación masiva de nuevos jueces, aceleró los tiempos del proceso a mes y medio para quienes permanecen detenidos. Algunos interpretan esto como casi "un juicio exprés" y un juego donde la Administración Trump tiene que mostrar números mes a mes en materia de detenciones y deportaciones, con el zar de la Frontera, Tom Homan, a la cabeza.

Para las familias con casos de asilo conjuntos, esa velocidad trae un problema adicional: cuando detienen al padre, su caso pasa a la corte de inmigración, pero el resto del núcleo queda en un limbo legal aparte. Y para quienes terminan deportados a Venezuela, el riesgo no se acaba ahí. Según Rojas, algunos jueces ya citan la captura del exdictador Nicolás Maduro como prueba de que "las condiciones cambiaron" en el país, algo que el abogado y otros activistas y expertos rechazan de plano dado que la represión y los presos políticos continúan.

Quienes prefieren evitar ese circuito tienen una salida distinta, más corta: el programa de autodeportación voluntaria. Se hace a través de la aplicación CBP Home, con pasaje aéreo gratuito y un incentivo en efectivo que arrancó en montos menores y hoy, según Rojas, ronda los $3.000.

Temor a ser capturados y economía resentida

El miedo ya transformó la rutina diaria del Doral. Pyneiro contó que muchos padres dejaron de llevar a sus propios hijos al colegio, optando por Uber o turnándose entre vecinos, y Rojas describió a Doral como una comunidad que hoy sigue de cerca páginas como iceout.org, donde voluntarios reportan en tiempo real avistamientos de vehículos de ICE en todo el país, para intentar anticipar dónde evitar cruzarse con un operativo.

La economía también se ha resentido debido a las redadas, con las ventas cayendo hasta un 40% debido a que los clientes simplemente no están saliendo de sus casas y consumen mucho menos.

Como respuesta directa a la coyuntura, Pyneiro organiza para este lunes 21 de septiembre una jornada educativa en la Albizu University, de 4:00 a 7:00 p.m., pensada para orientar legalmente a las familias afectadas y ofrecer asistencia, incluso a nivel pro bono, para quienes no puedan costear un abogado privado. Quienes no puedan asistir en persona podrán registrarse y participar de forma virtual, comentó el concejal.

El objetivo, también, es ir logrando que la comunidad pueda vencer el miedo a medida que las detenciones vayan cesando y se reactive la economía. Para ello, Pyneiro dijo que él y los políticos locales están trabajando para hacerle entender al Gobierno federal que no están actuando por el camino correcto: "Se están equivocando en las formas. Se están equivocando con las personas que están deteniendo".

Tanto Pyneiro como Rojas también coinciden en que el problema migratorio no nació con esta Administración. Rojas ubica el origen del cuello de botella alrededor de 2014, sin que ningún gobierno, de uno u otro partido, lo resolviera desde entonces. "Nunca ha sido una prioridad para ninguna Administración", dijo. "Ellos son víctimas de ese sistema". Pese a sus críticas, el abogado fue claro en que tampoco añora el escenario anterior, cuando durante la Administración Biden la frontera sufrió su mayor crisis en varias décadas: "Yo como abogado no quiero un desastre como el que tuvimos antes, pero lo de hoy tampoco tiene sentido para nada. Es un tema que hay que abordar, pero lo están abordando de forma terriblemente inhumana".