El DOE exige a California y Washington revelar sus planes para revisar las políticas que ocultan a los padres las "transiciones de género" de sus hijos
La Oficina de Política de Privacidad Estudiantil (SPPO) requirió al Departamento de Educación de California (CDE) y a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington (OSPI) que expliquen cómo modificarán sus políticas después de que tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fallaran este año contra las normas de confidencialidad de California y a favor de los derechos de los padres.

Linda McMahon in the Brady Briefing Room of the White House
El Departamento de Educación solicitó este jueves a las autoridades educativas de California y Washington información actualizada sobre las políticas estatales que, según la Administración Trump, presionan a las escuelas para ocultar a los padres las llamadas "transiciones de género" de sus hijos.
La información fue dada a conocer por Breitbart News.
La Oficina de Política de Privacidad Estudiantil (SPPO) requirió al Departamento de Educación de California (CDE) y a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington (OSPI) que expliquen cómo modificarán sus políticas después de que tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fallaran este año contra las normas de confidencialidad de California y a favor de los derechos de los padres.
Según el Departamento de Educación, ambos estados mantienen políticas y orientaciones, e incluso han demandado a algunos de sus propios distritos escolares, para "presionar a las escuelas y a los educadores a ocultar los registros de los estudiantes a los padres", acciones que dieron origen el año pasado a las primeras investigaciones de la agencia por presuntas violaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA).
La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó en declaraciones a Breitbart News que "hemos visto un alarmante aumento de instituciones educativas que eluden la autoridad de los padres sobre sus propios hijos. Los informes de escuelas que 'hacen la transición' de estudiantes en secreto, sin el conocimiento o consentimiento de los padres, e ignoran el derecho de los padres a excluir a sus hijos de materiales inapropiados y explícitos son impactantes, perturbadores y probablemente ilegales".
McMahon añadió: "Los niños no pertenecen al Gobierno; pertenecen a sus padres. La Administración Trump está trabajando más que nunca para defender la autoridad de los padres como los principales responsables de las decisiones en la vida de sus hijos, demostrando una vez más que esta es la administración que más apoya a los padres en la historia".
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En marzo, la Corte Suprema sostuvo que "conforme a un precedente establecido desde hace mucho tiempo, los padres —y no el Estado— tienen la autoridad principal respecto a la crianza y educación de los niños". El máximo tribunal también señaló que las políticas estatales que obligan a los educadores a ocultar información sobre las llamadas "transiciones de género" de los estudiantes probablemente vulneran los derechos constitucionales de los padres.
Posteriormente, en junio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se apoyó en ese precedente al fallar a favor de la ciudad de Huntington Beach en su disputa con el estado de California, concluyendo que esas políticas probablemente violan los derechos constitucionales de los padres.
Tras esas decisiones judiciales, la SPPO pidió a California y Washington que detallen de inmediato sus planes para revisar sus políticas. El organismo indicó que las respuestas servirán para determinar los próximos pasos de la investigación sobre Washington y de las actuaciones posteriores luego de que el Departamento concluyera este año que California había infringido la FERPA.
La preocupación del departamento
De acuerdo con el Departamento de Educación, las políticas que obligan a los educadores a ocultar a los padres información médica y registros relacionados con las llamadas "transiciones de género" constituyen una violación de la FERPA. La agencia advirtió que las infracciones a esa legislación pueden derivar en la pérdida del financiamiento federal para las instituciones educativas.