California: la certificación de orientación sexual, el criterio de "diversidad" que prioriza empresas LGBT en cientos de millones de dólares en contratos públicos

California ha convertido la contratación pública en un instrumento de ingeniería social. Más allá de los tradicionales programas de acción afirmativa dirigidos a grupos supuestamente "oprimidos" —como las minorías raciales y las mujeres—, los demócratas del estado han incorporado un nuevo grupo favorecido: las empresas certificadas como propiedad de personas homosexuales.

Este mecanismo opera a través de la California Public Utilities Commission (CPUC), el organismo que supervisa las compañías privadas de servicios públicos esenciales para casi 39 millones de residentes.

Según un exhaustivo análisis publicado por City Journal (CJ), las empresas de servicios públicos de California gastaron más de $43.000 millones en contratistas de todo tipo durante 2024. Una fracción de ese enorme presupuesto se distribuye según "metas" de diversidad que ahora incluyen la orientación sexual y la identidad de género de los propietarios de las empresas.

El origen y la expansión del programa

El esquema comenzó en 1986, bajo el gobernador republicano George Deukmejian, con una ley que obligaba a las empresas de servicios públicos reguladas por la CPUC a presentar planes anuales para comprar bienes y servicios a empresas de mujeres y minorías. Dos años después se creó el Supplier Diversity Program, que fijaba objetivos de contratación.

Con el paso de los años y bajo administraciones demócratas, el programa se amplió. En 2014, Jerry Brown impulsó la inclusión de negocios "de propiedad LGBT". En 2019, Gavin Newsom reforzó la iniciativa, alentando a otras empresas del sector energético a adjudicar contratos a empresas propiedad de personas homosexuales. 

Para 2022, la CPUC había fijado metas específicas para las grandes empresas de servicios públicos (aquellas con ingresos superiores a $25 millones anuales): "0,5 % de sus compras en 2022, el 1 % en 2023 y el 1,5 % en 2024 y en adelante. Si las grandes empresas reguladas por la CPUC cumplían estas 'metas' en 2024, habrían destinado aproximadamente $633 millones a firmas de propiedad LGBT".

Cómo se demuestra ser "oficialmente homosexual" ante el Estado

La certificación depende de un proceso burocrático centrado en la identidad personal. La entidad Supplier Clearinghouse presenta en su sitio web una lista de requisitos que incluye cartas de organizaciones LGBT que confirmen la orientación sexual del solicitante, publicaciones periodísticas que identifiquen a la persona como LGBT, tres cartas de contactos personales escritas en papel membretado de la empresa que atestigüen su orientación homosexual, y documentos adicionales como quejas por discriminación o certificados médicos.

La Cámara Nacional de Comercio LGBTQ+ y Aliados también emite certificaciones. Quien falsifique información puede enfrentarse a hasta un año de prisión.

Mary Ann Horton, reconocida por su contribución al desarrollo de los adjuntos en el correo electrónico, ha vivido este proceso de certificación. Horton, un hombre blanco que se identificó como mujer y que actualmente está casado con una mujer, registró su empresa Red Ace en California como negocio de propiedad femenina y LGBT.

Para obtener las certificaciones, Horton dijo a City Journal que presentó una gran cantidad de documentos: un affidavit de pareja doméstica para acreditar que era "propiedad de una lesbiana", un certificado de nacimiento reemitido tras su transición y una carta de un terapeuta que certificaba su identidad transgénero. Estas designaciones le trajeron beneficios concretos: poco después, San Diego Gas y Eléctrica (SDG&E) le otorgó un contrato como contratista de ciberseguridad a tiempo parcial. Según Horton, un funcionario de la empresa le indicó que estar en la lista de diversidad facilitó notablemente la contratación.

"Si yo fuera un hombre blanco heterosexual, podría preocuparme no tener las mismas oportunidades", reconoció Horton. "En mi caso, me funcionó genial".

Tensiones con la ley y la voluntad popular

Este sistema choca frontalmente con la Proposición 209, aprobada por los votantes en 1996, que prohíbe al Estado otorgar preferencias basadas en raza, sexo o etnia en contratación pública, empleo y educación. En 2020, los californianos volvieron a rechazar su derogación.

Aunque la CPUC insiste en que se trata solo de "metas" voluntarias y no de "cuotas", en la práctica impone una fuerte presión: exige recopilación exhaustiva de datos demográficos, informes anuales detallados, planes de mejora y justificaciones por incumplimiento. Las metas oficiales incluyen 15 % para minorías, 5 % para mujeres, 1,5 % para veteranos discapacitados y 1,5 % para empresas LGBT.

Según el CJ, a pesar de esta maquinaria regulatoria, el entusiasmo es limitado. En 2024, la contratación con empresas LGBT cayó un 5 %. De las más de 3.500 empresas certificadas como minoritarias, alrededor de 451 figuran como LGBT.