Tensión en California: los federales acusan a una ciudad santuario de no cooperar en un caso de homicidio
El 5 de marzo de 2026, autoridades locales arrestaron a Franquin Inestroza-Martínez y Gerzon José Chirinos-Munguía como presuntos responsables del crimen, de acuerdo con información oficial difundida por el DHS.
Agentes de CBP vigilan a manifestantes cerca de una instalación del ICE
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a autoridades del condado de Santa Clara, en California, de negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un caso que involucra a dos ciudadanos hondureños acusados del asesinato de una mujer de 24 años.
Según un comunicado oficial del DHS, los responsables locales —en una jurisdicción considerada ciudad santuario— no habrían acatado órdenes de detención migratoria emitidas por ICE, que solicitaban notificación previa antes de cualquier liberación de los sospechosos.
El caso: una víctima y dos detenidos
Los hechos se remontan al 7 de enero, cuando la policía respondió a un tiroteo en la ciudad de Sunnyvale. En el lugar fue encontrada Kembery Chirinos-Flores, una madre soltera de 24 años, con múltiples heridas de bala dentro de su vehículo. Fue declarada muerta en el lugar. La víctima dejó un hijo de cinco años.
El 5 de marzo de 2026, autoridades locales arrestaron a Franquin Inestroza-Martínez y Gerzon José Chirinos-Munguía como presuntos responsables del crimen, de acuerdo con información oficial difundida por el DHS.
Antecedentes y situación migratoria
El DHS detalló que ambos sospechosos, de nacionalidad hondureña, habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos en múltiples ocasiones.
En el caso de Inestroza-Martínez, las autoridades federales indicaron que fue deportado en dos ocasiones (2013 y 2018) tras intentos de ingreso irregular y que posteriormente habría reingresado nuevamente. Además, enfrenta una orden de arresto pendiente en el estado de Nueva Jersey por un homicidio ocurrido en marzo de 2025.
Por su parte, Chirinos-Munguía fue deportado en 2015 y posteriormente habría reingresado al país. Registra antecedentes penales en el condado de Santa Clara por violencia doméstica, amenazas, agresión y detención ilegal, según el comunicado. También se informó que tenía un vínculo personal con la víctima.
La disputa por las órdenes de detención
En su declaración, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, criticó duramente la actuación de los responsables locales:
"En lugar de cooperar con ICE, los políticos de Santa Clara se negaron a acatar la orden de detención y no notificarán cuando estos individuos sean liberados", señaló.
El DHS sostuvo que esta falta de cooperación habría permitido que los sospechosos permanecieran en libertad antes de su detención por el homicidio.
Debate sobre políticas 'santuario'
El caso ha reavivado el debate en torno a las llamadas políticas de ciudades santuario, que limitan la colaboración entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.
Desde el DHS, se argumenta que estas políticas pueden obstaculizar la aplicación de la ley migratoria y afectar la seguridad pública. En un mensaje difundido en redes sociales, la agencia reiteró su postura, señalando que los sospechosos "nunca debieron haber sido liberados".
">🚨Santa Clara, California: Sanctuary politicians have REFUSED to work with ICE and turn over two criminal illegal aliens who MURDERED a 24-year-old single mother.
— Homeland Security (@DHSgov) March 31, 2026
On January 7, Kimberley Chirinos-Flores was shot multiple times and killed by criminal illegal aliens Franquin… https://t.co/PzToaV87gD
Hasta el momento no se ha emitido una respuesta específica del condado de Santa Clara sobre este caso en particular.
Un caso con implicaciones más amplias
Más allá del proceso judicial en curso, el episodio pone de relieve las tensiones persistentes entre niveles de gobierno respecto a la política migratoria y la cooperación policial.
Mientras las autoridades federales insisten en la necesidad de coordinación para prevenir delitos graves, el debate sobre el alcance y los límites de esa cooperación continúa siendo un tema central en la agenda política del país.
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