Un juez declaró ilegal la eliminación de un rastreador de financiación pública por parte del Gobierno
El sitio web dejó de funcionar a principios de este año después de que la administración Trump dijera que no podía seguir operando el sistema, argumentando que contenía información sensible que podría representar una amenaza para la seguridad nacional.

Imagen de archivo de la Suprema Corte de Washington D.C.
Un juez federal dictaminó este lunes que la Administración Trump violó la ley al desahuciar un sitio web público que mostraba cómo se asignan los fondos a las agencias federales. También ordenó su restablecimiento inmediato.
Emmet Sullivan, juez de distrito de Columbia, dijo que la eliminación de la base de datos en línea supervisada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) violó la legislación aprobada por el Congreso, que obliga a la OMB a hacer públicas sus decisiones sobre distribución de presupuestos dentro de dos días hábiles.
"No hay nada inconstitucional en que el Congreso exija al Poder Ejecutivo informar al público sobre cómo distribuye el dinero público. Por lo tanto, los acusados deben dejar de violar la ley", escribió Sullivan en un documento de 60 páginas.
Aunque el juez ordenó al gobierno restablecer la base de datos, tras un pedido del Departamento de Justicia, suspendió su orden hasta el jueves por la mañana, para que la Administración pueda decidir si apelará el fallo.
Un sistema automatizado de rastreo
Respecto al proceso de distribución de fondos, las agencias tienen autoridad limitada para gastar en cuotas los fondos asignados por el Congreso.
Como parte de un acuerdo de financiación legislativa promulgado en 2022, el Congreso exigió a la OMB que implementara un sistema automatizado para publicar cada documento que asignaba una asignación presupuestaria. Además le ordenó a la oficina operar y mantener el sistema automatizado para el año fiscal 2023 y cada año fiscal posterior en otro proyecto de ley de financiación que también se promulgó ese mismo año.
El sitio web en cuestión, dejó de funcionar a principios de este año después de que el gobierno declarara que no podía seguir operando el sistema, argumentando que contenía información sensible que podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Así mismo la administración argumentó ante un tribunal que el requisito de publicar la información es inconstitucional.
Sullivan, designado por el expresidente Clinton, rechazó el argumento. Continuó afirmando que la administración estaba violando los dos acuerdos de financiación y el requisito de la Ley de Reducción de Trámites de difundir oportunamente la información pública.