ANÁLISIS
Todo lo que hay que saber de la demanda de America First Legal contra California por la “Ley Stop Nick Shirley”
Shirley, que ha publicado vídeos en los que sigue a trabajadores de entidades de servicios migratorios y denuncia presuntos fraudes en California y Minnesota, sostiene que la ley nació después de que expusiera un presunto fraude generalizado en comunidades de inmigrantes en ambos estados.
El periodista Nick Shirley habla durante una mesa redonda sobre Antifa
El grupo de litigio America First Legal (AFL) ha presentado una demanda federal contra el Estado de California en nombre del periodista independiente conservador Nick Shirley. AFL busca bloquear la aplicación de la ley AB 2624, conocida popularmente como "Ley Stop Nick Shirley".
El gobernador Gavin Newsom firmó a finales de agosto la AB 2624, que entra en vigor el 1 de octubre de 2027. Amplía el programa estatal Safe at Home a proveedores, empleados y voluntarios de servicios de apoyo a la inmigración que documenten amenazas y se inscriban. Quienes entren reciben una dirección postal sustituta en los registros públicos. Además, prohíbe publicar en internet sus datos personales o su imagen con la intención de incitar un daño grave inminente o de generar un miedo razonable por su seguridad.
Shirley, que ha publicado vídeos en los que sigue a trabajadores de entidades de servicios migratorios y denuncia presuntos fraudes en California y Minnesota, sostiene que la ley nació después de que expusiera un presunto fraude generalizado en comunidades de inmigrantes en ambos estados.
La demanda busca obtener una sentencia que delimite hasta qué punto California puede restringir la publicación de información sobre ciertas organizaciones sin violar la Primera Enmienda.
Por qué Shirley y America First Legal la consideran inconstitucional
America First Legal (AFL), junto al abogado John W. Howard, ha presentado la demanda en el Tribunal Federal del Distrito Este de California contra el fiscal general Rob Bonta y la secretaria de Estado Shirley Weber.
Los argumentos centrales de la demanda son:
- La norma es una restricción del discurso basada en el contenido. La responsabilidad depende de si la publicación se refiere a un proveedor designado de servicios de apoyo a la inmigración o a personas asociadas a dicho proveedor.
- La norma discrimina por punto de vista. Protege de forma especial la información relativa a los "servicios de apoyo a la inmigración", pero no impone una restricción comparable al discurso sobre organizaciones o personas cuya actividad favorece un mayor control migratorio. Los considerandos legislativos de la ley confirman ese propósito al invocar el acoso "antiinmigrante" y atribuirlo a "la actitud y las políticas antiinmigración de la actual Administración federal".
- La norma es inconstitucionalmente amplia y vaga. Sus definiciones abiertas abarcan una cantidad sustancial de periodismo, comentario político, reportajes de control y denuncias protegidos, y no dan a quien habla un aviso claro de lo que está prohibido.
- La norma no es necesaria para ningún interés legítimo de prevenir el acoso o la violencia.
Qué está en juego: seguridad vs. libertad de prensa
Republicanos californianos, incluido el asambleísta Carl DeMaio, han pedido intervención del Departamento de Justicia (DOJ) y apoyan la línea de Shirley, mientras que demócratas y grupos de defensa migratoria defienden la ley como una herramienta necesaria contra el hostigamiento.
- A favor de la ley: se argumenta que trabajadores de ONG y clínicas migratorias enfrentan riesgos reales de doxing, amenazas y violencia, y que el Estado tiene interés legítimo en proteger su seguridad y privacidad.
- En contra de la ley: se sostiene que la norma crea una clase protegida en función del mensaje al apoyo migratorio y que, bajo la apariencia de seguridad, permite silenciar investigaciones periodísticas sobre uso de fondos públicos y posibles irregularidades en esas organizaciones.
"¿Por qué crear nuevas leyes que restringen la libertad de expresión si no tienen nada que ocultar? Ahora más que nunca, la gente merece más transparencia, no menos. La libertad de expresión es esencial para una sociedad de alta confianza", dijo Nick Shirley.
Nick Shirley: el periodista independiente que despertó la ira demócrata
Uno de ellos, el Quality Learning Center, tenía el letrero mal escrito (“Learing”) y había cobrado millones en ayudas; más tarde cerró. Las autoridades de Minnesota y reportajes locales cuestionaron que eso bastara para probar fraude en esos centros. Sin embargo, su investigación fue tan impactante que lo llevaron a testificar ante el Congreso y le otorgó una enorme notoriedad.
Actualmente, Shirley continúa su trabajo de rendición de cuentas, investigando supuestos abusos e irregularidades en programas de inmigración financiados con fondos públicos en California.
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