El DOJ bate un récord con 25 demandas para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados
De acuerdo con el DOJ, las demandas involucran a ciudadanos naturalizados de 18 países distintos, acusados de haber obtenido la ciudadanía mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.
Todd Blanche en la Casa Blanca/ Kent Nishimura
El Departamento de Justicia (DOJ) avanzó para desnaturalizar a veinticinco personas acusadas de delitos graves, entre ellos agresión sexual agravada contra un menor e intento de asesinato en primer grado. A través de un comunicado, el DOJ aseguró que se trata de un número "récord" de presentaciones que se da en el marco del “mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia”.
Según expresó el DOJ en un comunicado, las denuncias se presentaron entre el 20 de julio y el 3 de agosto. A su vez, la agencia precisó que, desde el inicio de la segunda Administración Trump en 2025, se presentaron 123 denuncias civiles de desnaturalización, lo que constituye "la mayor cantidad registrada en la historia".
"La ciudadanía estadounidense es uno de los mayores privilegios de nuestra nación, y debe obtenerse de manera legal y honesta. Las denuncias anunciadas hoy alegan que estas personas obtuvieron la naturalización mediante fraude, ocultación u otras conductas ilegales, incluyendo el encubrimiento de delitos violentos, delitos sexuales contra menores, identidades falsas y otros hechos que los descalifican", expresó al respecto el fiscal general interino, Todd Blanche.
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"Las demandas presentadas hoy representan el mayor esfuerzo coordinado de desnaturalización en la historia del Departamento, pero son solo el comienzo. El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger la integridad del proceso de naturalización y la seguridad del pueblo estadounidense", añadió.
De acuerdo con el DOJ, las demandas involucran a ciudadanos naturalizados de 18 países distintos, acusados de haber obtenido la ciudadanía mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.
En concreto, los ciudadanos implicados son los siguientes:
- Zia Murad Bhatti (59 años, Pakistán).
- Tatiana Power (46 años, Moldavia).
- Narinder Singh (65 años, India).
- Emigdio Sánchez (62 años, México).
- Luisa Fernández Ordóñez (54 años, Colombia).
- Jonathan Omorogieva Obasohan (56 años, Nigeria).
- Enos Fong Korti (51 años, Liberia).
- Yetunde Folake Olaniyi (56 años, Nigeria).
- Mohd Wasif, también conocido como Mohammad Khanwasif (56 o 58 años, Pakistán).
- Esther Quayle (50 años, Ghana).
- Dwyane Robinson (44 años, Jamaica).
- Yi Lee (46 años, Taiwán).
- Eddie Jones Appah (66 o 67 años, Ghana).
- José Luis Martínez-Zavala (80 años, México).
- Vivian Chike Obichere (72 años, Nigeria).
- José Francisco Cruz (72 años, Honduras).
- Francois Nguessi Dame (65 años, Camerún).
- Haitham A. Mustafa (58 años, Jordania).
- Jairo Javier Pedron Tellez (29 años, Cuba).
- Carlos Ernesto Giron (65 años, El Salvador).
- Juan Camilo Montoya (34 años, Colombia).
- Cantave Previlon (63 años, Haití).
- Syed Tanweer Ahmad, también conocido como Timothy Syed Andersson (82 años, Suecia).
- Miguel Eduardo Romero (67 años, El Salvador).
- Manuel Antonio La Rosa-López (68 años, Perú).
¿Cómo funciona el proceso de desnaturalización?
Aunque poco frecuente, este proceso está regulado por normas y procedimientos específicos que se reglamentaron hace más de 70 años, durante la presidencia de Dwight Eisenhower.
La autoridad legal para este proceso se encuentra en la Immigration and Nationality Act (INA). Esta legislación establece que la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado si la naturalización se obtuvo ilegalmente o mediante la ocultación de un hecho relevante o mediante una declaración falsa intencionada.
La INA marca dos caminos para el proceso, el civil y el penal. En ambos casos, si el Gobierno obtiene un fallo favorable, se revoca la ciudadanía y la persona en cuestión vuelve a su estatus previo, dando lugar a un posible proceso de deportación. La sentencia puede apelarse ante las cortes de apelaciones federales y eventualmente ante la Corte Suprema.
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